Saqueará Morena 135 mmdp a Fassa

IMSS-Bienestar será incapaz de emplear los recursos

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Con la reforma propuesta por Morena, avalada en el Senado de la República con la ayuda de sus aliados y que mañana discutirá el pleno de la Cámara de Diputados, la Federación busca apoderarse de más de 135 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (Fassa).
Esos recursos se sumarían al presupuesto del IMSS-Bienestar para atender a las personas sin seguridad social, con lo que podría ascender a más de 264 mil millones de pesos.
En primera instancia, con los presupuestos de las 23 entidades que ya se adhirieron asegurará 234 mil millones para 2024.
Sin embargo, aunque tendrá más recursos que el extinto Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), que contó con presupuesto aprobado para 2023 de 107 mil millones de pesos, y que el Seguro Popular en su último año de operación con 189 mil millones, el IMSS-Bienestar no posee la infraestructura ni los recursos humanos para ejercerlos, señalaron especialistas.
Por ello, prevén que habrá un subejercicio del presupuesto en 2024; y, además, que las entidades federativas se quedarán sin recursos para cumplir su obligación, que no se ha retirado de la ley, de brindar atención médica en el primer nivel.
De este modo, no se cumplirá la promesa realizada por el presidente Andrés Manuel López Obrador de que en marzo del próximo año el país contará con un mejor sistema de salud.
Aunado a ello, los expertos advirtieron del riesgo de opacidad y manejo discrecional de los recursos del Fassa, ya que al transferirse al IMSS-Bienestar no estarán sujetos a las reglas de fiscalización de la Ley de Coordinación Fiscal y la Ley Federal de Presupuesto de Responsabilidad Hacendaria.
En entrevista con este diario, Miguel Manrique, exjefe de la División de Asuntos Consultivos del IMSS y corredactor del decreto de creación del IMSS-Bienestar, dijo que hasta ahora sólo 23 Estados han firmado contratos marco para traspasar los recursos monetarios y humanos al organismo público descentralizado, y estos prevén la firma de otros acuerdos secundarios para formalizar la transferencia, mismos que pocas entidades han cumplido.
Explicó que la transferencia de los inmuebles tardará varios años por problemas jurídicos, como adeudos por servicios, juicios de nulidad, no estar regularizados o pertenecer a un ejido o un privado. Sin embargo, señaló, el principal problema será el traspaso de los trabajadores de base en los Estados porque hay resistencia a dejar sus sindicatos hasta que se garanticen sus prestaciones, se homologue su salario y se respete su antigüedad.