EXPEDIENTE | QUIEN DEBE SER ENJUICIADA ES LAYDA SANSORES

La historia personal de Layda Elena Sansores San Román ha sido, por decir lo menos, incongruente. Exige respeto, pero insulta y difama a placer; se victimiza ante la crítica, pero no desaprovecha ninguna oportunidad para atacar con saña, odio, rencor e insultos y casi siempre de manera calumniosa a sus adversarios políticos. Se dice demócrata, pero sus prácticas se asemejan a las de dictadores autoritarios y totalitarios.

Por eso a nadie sorprendió que una de sus primeras decisiones de este nuevo año, haya sido utilizar a los órganos de Gobierno, (creados originalmente para impartir justicia, pero que ella pervirtió y convirtió en la Santa Inquisición de sus deseos de venganza), para denunciar penalmente a quienes considera sus enemigos.

Nuevamente arremetió contra Organización Editorial del Sureste, TRIBUNA y Telemar, y quienes supone que son sus directivos: Jorge Luis González Valdez y Alexandro Arceo Azar. ¿La excusa? Presume delitos de calumnia y odio. Peor aún, no se escapa de la amenaza de la guillotina a quien considera es el representante legal de esas empresas.

Mal criada en su infancia por ser la hija consentida de papi, con recurrentes explosiones de berrinches y caprichos para conseguir todo lo que se le antojaba, Layda Elena nunca ha sido tolerante. Estalla violentamente contra los que le llevan la contraria, y en no pocas ocasiones personalmente recurrió a la agresión física cuando alguna opinión contrariaba su ánimo. El columnista cofundador de Expediente, el profesor Rafael Barrera Ortegón, que en paz descanse, sufrió uno de esos episodios de violencia que pusieron en evidencia los trastornos mentales que desde entonces padecía la que hoy dice gobernar Campeche.

Agobiada por su falta de resultados, por el estrepitoso fracaso de su Administración y por el cada vez más adverso panorama que enfrenta, Layda Elena no soporta el descontento popular ni la crítica pública. En los 40 meses que acumula su periodo gubernamental ha promovido al menos medio centenar de denuncias contra periodistas y medios de información que le han señalado sus errores, trastupijes, corruptelas, arbitrariedades y nepotismo. Además hay una larga lista de políticos opositores a su Gobierno, a quienes también pretende encarcelar.

Calumnia, difamación, delitos de odio y violencia política en razón de género, entre otros argumentos, han sido esgrimidos por sus asesores (as) jurídicos para tratar de silenciar a quienes ejercen su derecho a las libertades de expresión y de prensa, consagradas en nuestra Carta Magna. Su desapego de la realidad le hace olvidar que es una funcionaria pública sujeta a la opinión y publicación de lo que señala la sociedad, y que ejercer esa crítica es la función del periodista. 

O es que acaso ¿es delito exigirle transparencia? ¿Lo es pedirle que informe de ingresos y gastos? ¿O señalarle los desvíos de recursos de su gabinete? ¿O solicitarle que se dedique a gobernar en vez de incitar odios y andar de paseo abandonando sus funciones? ¿Lo es demandarle que no use los órganos de impartición de justicia para sus venganzas personales?

¿A cuántos de sus enemigos políticos ha perseguido? ¿No recuerda que en su accidentada trayectoria, amparada en el derecho a esa libre expresión que hoy acota y persigue, y protegida por el fuero que le daba impunidad, insultaba a sus compañeros diputados y senadores e increpaba al Presidente de la República con acusaciones que ahora ella califica como calumnias y delitos de odio?

Hay que repetirlo una y otra vez, sin excusas de miedos o cansancio: Layda Sansores es incongruente, contradictoria,  traidora, convenenciera, mala y llorona. También es represora, vengativa, rencorosa e inmadura personal, mental y política.

Ha sido su Gobierno un catálogo de fracasos, y eso no se va corregir encarcelando a quienes le señalan sus errores, ni tampoco cesarán las críticas en su contra, porque quizá no sean suficientes las celdas de las cárceles para acallar a quienes están convencidos de que ha sido la peor tragedia que le ha pasado a Campeche, y que es ella la que debería ser juzgada por todos los delitos que ha cometido.

¿No ve su larguísima cola? ¿Su nepotismo? Hermanas, cuñada, sobrinos cobrando millonarios emolumentos en su Gobierno, sin aportarle nada a Campeche. Su tráfico de influencias, corrupción, opacidad e incapacidad (¿o acaso complicidad?) para detener el exagerado incremento de la delincuencia, sus nulos resultados en el desarrollo económico del Estado, su ausentismo permanente de sus funciones públicas, su proteccionismo hacia funcionarios corruptos e incompetentes, como Marcela Muñoz Martínez, etcétera.

Tal vez debería Layda Elena concentrarse más en sus funciones de gobernadora, en lugar de recurrir a sus órganos de represión para perseguir y tratar de encarcelar a sus críticos. Debería dejar a un lado sus odios y rencores para practicar eso que ella misma aconsejaba en su “mensaje” de Año Nuevo: “Invoquemos el perdón, la felicidad y el amor”; “a reinventarse y a ser mejores seres humanos”, a la “reflexión, a la introspección, al renacimiento espiritual”. Eso sería congruente.

Pero no, la Layda Elena común y corriente —más corriente que común— insiste en aniquilar aquello que considera un obstáculo para la satisfacción de sus ambiciones personales, y por eso seguirá acosando y persiguiendo a sus enemigos políticos, como Alejandro Moreno, Eliseo Fernández, Biby Rabelo, José Flores Pacheco, Manuel Zavala Salazar, etcétera, así como a los periodistas críticos y medios que dan cabida a los señalamientos en su contra.

En el entendido de que vivimos en un Estado de Derecho, los ahora perseguidos por su rencor, odio y deseos de venganza, esperamos los citatorios correspondientes de la Fiscalía y de los organismos a los que recurra para intentar acallarnos. Tendremos respuesta puntual a cada uno de sus reclamos. Que no olvide que hay herramientas para defenderse del abuso, la coacción y la amenaza de encarcelamiento. Los acusados no son mancos comiendo paletas. Sabrán dar la pelea. Ya lo verá.

Vale la pena adelantarle que nunca podrá silenciar nuestras observaciones, que seguiremos dando voz a los miles de campechanos que estamos convencidos de su fracaso, corrupción, ineptitud y de que necesita con urgencia atención psiquiátrica.

Los diputados deberían tomar muy en serio la propuesta popular de iniciarle un juicio de interdicción, pues cada día crecen las evidencias de que no tiene capacidad mental para encabezar un buen Gobierno. Nunca la ha tenido y nunca la tendrá. Chango viejo no aprende maroma nueva.