Al reclasificar el delito, proponer pena mínima en semilibertad, fijar monto de 43 mil pesos por reparación del daño y solicitar el Procedimiento Abreviado (PA), la Fiscalía del Estado facilitó la liberación de los cinco morenistas detenidos ante el motín en el Congreso del Estado, suscitado la madrugada del martes 31 de octubre.
Los cinco carmelitas —tres hombres y dos mujeres— abandonaron las instalaciones del Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, donde fueron enviados tras ser vinculados a proceso por motín y daños en propiedad ajena en pandilla.
El juez de Control que aprobó el procedimiento abreviado fue el mismo que los sujetó a la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que solicitó el personal de la Fiscalía General del Estado de Campeche, la madrugada del viernes 3 de noviembre.
L.L.A.; U.M.C.; A.V.M. y las mujeres, C.V.P. y G.N.P. recobraron su libertad el viernes 10 de noviembre al concluir la audiencia de PA que solicitó el Ministerio Público, y en la que propuso la pena de un año en semilibertad, y el monto de la reparación del daño.
Con la aprobación del fiscal Renato Sales Heredia, la autoridad ministerial reclasificó el delito a sólo daños en propiedad ajena, por el cual los cinco se declararon culpables para obtener la reducción de la condena. De acuerdo a lo integrado en la carpeta judicial 82/23-2024, el pago de la reparación del daño fue cubierto en su totalidad.
Los cinco destructores confesos fueron relacionados con el grupo cercano al legislador local y exlíder de la bancada morenista, el jarocho Alejandro Gómez Cazarín, las legisladoras Landy María Velázquez May y María Violeta Bolaños Rodríguez, que encabezaron el motín.
En esa ocasión la Policía Estatal (PE) aseguró a tres diputadas, que quedaron en inmediata libertad, y a 38 personas más que llegaron del Carmen a causar destrozos e intentar tomar el Palacio Legislativo. De los 38, entre ellos una adolescente y una lesionada, sólo cinco fueron puestos a disposición del juez de Control, y liberados por la tarde del viernes, luego de los acuerdos políticos entre la gobernadora Layda Sansores y el grupo político del diputado jarocho Gómez Cazarín.
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