Las primeras señales que ha enviado la LXV Legislatura del Congreso del Estado, pronostican que los dos grupos mayoritarios, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Movimiento Ciudadano (MOCI) van a mantener un trabajo coordinado, terso y respetuoso, para sacar adelante las encomiendas legislativas.
De entrada, los dos grupos parlamentarios más importantes, Morena, con 16 diputados, y MOCI con 10, se quedaron con las comisiones especiales esenciales: la presidencia de la Comisión de Gobierno y Administración, para el morenista José Antonio Jiménez Gutiérrez, y la de Enlace en Materia de Fiscalización al mocista Pedro Armentía López.
Llama la atención que se haya cedido a Movimiento Ciudadano el control del tema de la fiscalización, no sólo por la cantidad de mocistas que se encuentran bajo proceso de investigación por parte de la Fiscalía Anticorrupción, sino porque desde esa posición, el diputado Armentía puede solicitar información confidencial sobre el manejo del presupuesto público estatal.
¿Estamos entonces en la antesala de saber el destino de los 75 mil millones de pesos que ha operado sin resultados el Gobierno de la corrupta y negligente Layda Elena Sansores San Román? ¿Podremos al fin conocer en qué se gastan las multimillonarias partidas de “ayuda social” (mil 411 millones en tres años), en Comunicación Social (146 millones en tres años) o en la “Oficina de la Gobernadora” (550 millones)?
¿Le pedirán al fin los diputados a Marcela Muñoz Martínez que informe sobre el destino de más de seis mil millones de pesos que le han asignado en tres años, pese a lo cual ni siquiera ha podido destinar unos pesos para la reparación de los semáforos en la capital o para comprar más y mejores patrullas?
Es cierto, la Comisión de Enlace en Materia de Fiscalización, la integran como presidente, el mocista Pedro Armentía López; como vicepresidente, el morenista Jorge Pérez Falconi; como secretario, el morenista José Antonio Jiménez Gutiérrez; como primer vocal, el priísta Jorge Salim Abraham Quijano y como segunda vocal, la morenista Verónica Margarita Roca Méndez. Es decir, cualquier propuesta irreverente por parte del mocista será mayoriteada por los legisladores guindas y sus aliados tricolores, de suerte que hay elementos para suponer que la presidencia de esta estratégica comisión, llegó con las manos amarradas.
Todo es una simulación de democracia y pluralidad, pues de la misma forma como está integrada la comisión especial en materia de fiscalización, así se conforman las 29 comisiones ordinarias o de dictamen restantes, en donde hay una mayoría absoluta morenista, o de alguno de sus aliados del PVEM, PT, PRI y PAN.
Es decir, con esa estructura ninguna de las propuestas que puedan presentar los diputados “de la oposición” podrá ser aprobada si no se consensa previamente, y sólo recibirá el visto bueno, previa autorización de la gobernadora Layda Sansores, o siempre y cuando su aprobación no la afecte políticamente o no comprometa temas sensibles para la administración pública estatal, como por ejemplo la comparecencia de los secretarios del gabinete, por citar sólo un caso.
No debemos preguntar si los asesores de Movimiento Ciudadano no se dieron cuenta de que los llevaron al baile al aprobar de manera unánime, la integración de esas 29 comisiones ordinarias y las cuatro especiales, con el control absoluto de la bancada morenista.
¿Los chamaquearon o fue un acuerdo consensuado para evidenciar que trabajarán de la mano en estos tres años? Si así fuera, qué decepcionante inicio el de la 65 Legislatura.
Habrá que seguir ahora el tono de los discursos y las intervenciones en tribuna, aunque parece que por el momento, los dos grupos parlamentarios mayoritarios tienen enterrada el hacha de guerra. ¿A cuenta de qué y bajo qué acuerdos?
Eso sólo ellos lo saben, pero que nadie dude que ya estamos investigando todo el menjurje que están armando y vamos a descubrir el porqué de esos pactos secretos.
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