Luego de que una jueza de Control prácticamente exoneró a la presidenta de la Casa Hogar “San Pedro Pescador” y a su directora, del abuso sexual que sufrió una niña, para la Comisión de Derechos Humanos en Campeche (Codehcam), no solo la niñera y su esposo que está prófugo serían las personas responsables de la violación.
De acuerdo a su titular Ligia Rodríguez Mejía, su investigación involucra a todos los servidores públicos que tenían bajo su cuidado a todos los menores de edad en dicho albergue.
Ventiló que tras la judicialización, esta dependencia está próxima a emitir recomendaciones en donde además de los señalados penalmente como responsables, estarían exfuncionarios y extrabajadores de la Casa Hogar.
El viernes 24 se cumple un año que por medio de un video En Vivo, Rocío Meza Monroy y Mateo Tavera Rivera padres adoptivos de “D” una niña de 12 años actualmente, denunciaban a Lupita “N” por permitir que su esposo Salvador “N” abuse sexualmente de la menor cuando vivía en San Pedro Pescador, cuando tenía 10 años de edad.
Derivado de ello, la entrevistada dijo que la Codhecam siguió de oficio el caso y especialmente los resultados de la última audiencia cuando la jueza de Control, Fabiola del Carmen Guerra Abreu dejó en prisión a Guadalupe L.G. acusada de violación equiparada y que semanas atrás exoneraran a la expresidenta del patronato Karla J.L. y su directora Martha O.S. y se concediera suspensión condicional del proceso a la exprocuradora del DIF, Gabriela L.S.
“Una de las cuestiones que estábamos investigando era como estaba procediendo lo penal y recientemente se acaba de judicializar, con ese suceso completamos la situación jurídica y ya estamos por resolver ese expediente porque tenemos la queja en contra de todas las autoridades que tenían en su caso responsabilidad con esos niños y niñas”, dijo.
Rodríguez Mejía explicó que en todos los casos en los que se decreta violación a los derechos humanos se emite una recomendación,ella establece o solicita todas las medidas que las leyes contemplan, pueden ser procedimientos administrativos, pero en ese caso como ya está judicializado entonces harán evaluaciones que completen el proceso penal.
“Vamos a que evaluar si las personas que están siendo judicializadas son las personas que de acuerdo a nuestro expediente son las que tienen responsabilidad porque pueden ser que nosotros encontremos que haya otros servidores públicos involucrados”, señaló.
Al referirse a que en este caso quienes en materia penal no están siendo señalados, en materia de derechos humanos, si existen otros responsables, acotó.
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