Súmate, a la fuerza…

Además de darles “like” a sus publicaciones y hacerle comentarios aduladores a su asqueroso programa de los martes, ahora también deberán presentar su credencial de militante para conservar el empleo…

Personal de la Secretaría de Protección y Seguridad ciudadana, envió un S.O.S. a la sociedad civil, a las autoridades electorales tanto estatales como federales, a la Organización de las Naciones Unidas y a la OEA, y a cuanta institución se encargue de velar por el respeto a la libertad ciudadana, para denunciar que su jefa, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, los está obligando a afiliarse a Morena.

Al lado de la fotografía donde se ve a la senecta jefa policiaca  guanajuatense presumiendo su hoja de reafiliación, los empleados de la SPSC denunciaron que a través de la subdirectora de Recursos Humanos, Karla Moo, se les obliga con pase de lista incluido, a que se trasladen a las oficinas morenistas para tramitar su nueva credencial de militante, sin la cual ya no podrán ingresar a cumplir con sus labores.

En cualquier país que se precie de ser democrático, libre y plural, esa denuncia habría ameritado la suspensión de la persona que los obliga a asumir una ideología en la que no creen —en este caso se irían sobre Karla Moo y sobre la anciana Marcela Muñoz—, pero siendo Campeche el lugar donde ocurre esa barbaridad, es muy probable que no pase nada.

Y no va a pasar nada porque la orden directa viene de la propia gobernadora Layda Sansores, que de esa manera reconfirma que su presunta convicción democrática es, al igual que ella misma y su Gobierno, una auténtica farsa.

La orden de la avejentada mandataria estatal es que todos los burócratas estatales, aprovechen esta campaña de credencialización morenista intitulada “Súmate”, para que se integren al padrón de ese partido y se conviertan también en sus activistas. 

Así que además de darles “like” a las publicaciones de la mandataria y de hacerle comentarios aduladores a su asqueroso programa de los martes, ahora también deberán presentar su credencial de militante para que puedan ingresar a sus respectivos centros de trabajo.

A pesar de que desde mayo de 2014 la Cámara Federal de Diputados aprobó reformas legales para prohibir la afiliación corporativa a los partidos políticos en México —algo que era común en los dorados años del priísmo—, desde la llegada de Layda Sansores al poder se implementaron medidas de restricción y represión política, y ha declarado públicamente que todos los empleados y funcionarios del Gobierno del Estado deben ser también activistas, promotores e impulsores de la 4T, por lo que ha convertido a su fanatismo en una política pública.

Deberían los empleados de Gobierno armarse de valor y acudir ante las autoridades electorales a denunciar esa violencia política que se ejerce en su contra. Proporcionar nombres, apellidos y cargos de quienes abusan de su autoridad para reclutar a más militantes, y exigir que se les sancione con todo el rigor de la ley. Y no está de más que los propios consejeros electorales tanto estatales como federales, inicien una exhaustiva investigación al respecto.