El Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, se ha convertido en un símbolo del horror que la delincuencia organizada ha esparcido en el país. Testimonios recientes han revelado que este lugar no solo operó como un sitio de tortura y desaparición forzada, sino que también albergó actos atroces como tráfico de órganos, abuso infantil y reclutamiento forzado.
De acuerdo con la Fiscalía de Jalisco, se han localizado seis sitios con restos óseos y más de 500 indicios de violencia extrema dentro del rancho, lo que deja al descubierto la magnitud de la barbarie. Entre los hallazgos destacan hornos subterráneos utilizados para la incineración de cuerpos, credenciales, ropa y maletas de las víctimas. La brutalidad exhibida en este sitio ha llevado a expertos a considerar que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), responsable de estas atrocidades, ha superado en crueldad a Los Zetas, durante años considerados el grupo criminal más sanguinario de México.

Uno de los testimonios más impactantes proviene de una mujer identificada como María, quien aseguró haber estado cautiva durante tres años en el rancho. Su relato señala que en ese sitio se realizaban experimentos médicos y que las personas que intentaban escapar eran ejecutadas. Además, describió la existencia de un área conocida como “la puercuera”, donde prisioneros eran arrojados para ser devorados por cerdos.
Colectivos de búsqueda como Guerreros Buscadores de Jalisco han denunciado que las autoridades ya habían intervenido el rancho en 2024 sin asegurar la escena ni documentar los hallazgos. Esta omisión ha generado indignación entre las familias de desaparecidos, quienes exigen respuestas y justicia.
El caso de Teuchitlán no es único. En Reynosa, Tamaulipas, también se han descubierto sitios de exterminio con fosas clandestinas, restos humanos calcinados y evidencia de extrema violencia. La expansión de estos lugares confirma el crecimiento descontrolado de la delincuencia organizada y la falta de una respuesta efectiva por parte de las autoridades.
El terror que se vivió en el Rancho Izaguirre es una advertencia de la descomposición social y la impunidad con la que operan estos grupos criminales. La urgencia de esclarecer los hechos y castigar a los responsables se vuelve cada vez más apremiante, mientras las familias de miles de desaparecidos continúan su incansable búsqueda de justicia.
Fuente: MAS NACIONAL 12 MAR.
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