La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara federal de Diputados, aprobó la reforma al párrafo segundo del Artículo 19 enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para ampliar el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, que incluye extorsión y defraudación fiscal, que “el juez debe ordenar”, haciendo a un lado al Ministerio Público.
Bajo el argumento de que los derechos humanos carecen del carácter de absolutos, lo que significa que su restricción o intervención es procedente cuando existen razones que lo justifiquen con apoyo normativo, agregó delitos como contrabando y cualquier actividad relacionada con falsos comprobantes fiscales, en los términos fijados por la ley.
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