En un acto más de autoritarismo, la gobernadora Layda Sansores ha vuelto a arremeter contra los policías que se manifestaron pacíficamente en Campeche, confirmando la baja de 97 elementos más. Lo más preocupante no es solo la cantidad de despidos, sino la burla con la que la gobernadora ha tratado a estos elementos, afirmando de manera despectiva que, como estaban amparados, “no pasaba nada”.
Esta actitud no solo demuestra una falta de respeto hacia los derechos de los policías, sino que evidencia una clara tendencia a reprimir cualquier forma de oposición o crítica hacia su administración. A pesar de que estos policías ejercieron su derecho a manifestarse pacíficamente, la respuesta de Sansores ha sido castigarlos y ridiculizarlos públicamente.
La gobernadora sigue insistiendo en culpar al ayuntamiento de Campeche por haber encabezado la manifestación, desviando la atención de su propio fracaso en gestionar adecuadamente la seguridad y los derechos de sus ciudadanos. Es preocupante ver cómo una figura de poder como Sansores utiliza su posición no para dialogar o resolver conflictos, sino para aplastar y silenciar a quienes se atreven a levantar la voz.
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