No habrá diálogo con desalojados: Toledo

El secretario de Gobierno, Armando Constantino Toledo Jamit, confirmó que no habrá diálogo ni acercamiento con los habitantes de San Eduardo, quienes siguen instalados a un costado del corralón de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), tras ser desalojados violentamente por orden de la gobernadora Layda Sansores San Román.

Ante la denuncia de hostigamiento, amenazas y represión del Gobierno del Estado contra las familias desalojadas de San Eduardo, ubicado en las inmediaciones de la estación del Tren Maya y colindante con la localidad Nuevo San Antonio Ebulá, Toledo Jamit aseguró que harán valer la propiedad privada.

Pese a que durante los casi dos meses que esas familias estuvieron plantadas en el Palacio de Gobierno tras el violento desalojo, no fueron escuchadas por el Gobierno Estatal, Toledo Jamit aseguró que sí se dio el diálogo, y justificó que no habrá acercamiento con quienes mantienen su lucha por recuperar sus predios, por ser “un asunto entre particulares”.

Es un tema entre particulares, el Gobierno del Estado no quitó ni es propietario del terreno. “Es una invasión y no somos la autoridad competente para decidir si se vuelven a meter, es propiedad privada, tema que se respetará en esta Administración”, subrayó.

Toledo Jamit precisó que el Gobierno del Estado sólo tiene dos hectáreas en dicho predio, y es donde construyen un corralón para la corporación policiaca a cargo de la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez.

En tanto, del recorte de casi mil millones de pesos proyectado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, señaló que construyen acuerdos con la buena fue de los legisladores locales de las fuerzas políticas representadas en el Congreso local, para solicitar a la Cámara de Diputados que a Campeche se le dé trato diferenciado.

Por otra parte, aseguró que quedó resuelto el paro de los habitantes de Isla Aguada que bloquearon el Puente de La Unidad, problema que surgió por la propuesta del alcalde Pablo Gutiérrez Lazarus de que las unidades de carga de exceso de dimensiones sólo circulen en determinado horario, para reducir las afectaciones a las calles.

Todos los que pasan por la caseta de cobro pagan su cuota correspondiente, y lo que se trabaja con los habitantes de Isla Aguada es la reubicación de ese punto de control para eliminar el registro de quién sí o no paga, y que todos los lugareños no desembolsen para transitar, finalizó Toledo Jamit.