A Layda ya no la quieren los campechanos

Salvador García Soto

El sábado por la tarde tuvo lugar una manifestación multitudinaria e histórica en la ciudad de Campeche. Más de 20 mil personas recorrieron el antiguo malecón de este puerto amurallado para apoyar el paro de los policías estatales que cumple ya un mes sin solución ni respuesta del gobierno estatal. Lo que empezó como un movimiento de protesta de los uniformados, para exigir la destitución de la controvertida secretaria de Seguridad estatal, Marcela Muñoz, se transformó ya, según se vio el fin de semana, en una movilización inédita en tierras campechanas, en un movimiento social y político que ahora también pide la renuncia de la gobernadora morenista, Layda Sansores, quien se negó a atender la principal demanda de sus policías y, por defender a su polémica secretaria, hoy también le piden su cabeza.

Miles de familias de campechanos que salieron a respaldar y apoyar el paro policíaco y las demandas de su pliego petitorio, coreaban al unísono la tarde del sábado en las impresionantes imágenes que llegaron desde Campeche: “El pueblo pone, el pueblo quita”, algo que por cierto suele repetir con frecuencia el presidente López Obrador. Y junto a esos gritos, se repetía fuerte la consigna “¡Fuera Marcela!” y “¡Fuera Layda!”, mientras una mujer campechana en el altavoz le gritaba a la gobernadora, que ha defendido hasta los dientes a su cuestionada secretaria de Seguridad: “¡Deberías de tener vergüenza Layda y largarte de una vez con Marcela si tanto la quieres!”.

La megamarcha campechana, que comenzó por la tarde, continuaba ya entrada la noche con una concentración a la que se sumaron campechanos de todos los sectores y niveles sociales. El gobierno de Layda Sansores trató de descalificar la movilización histórica, argumentando injerencia del PRI y el PAN en las movilizaciones, aunque más allá del posible involucramiento de los partidos opositores, la realidad es que ha sido la obcecación y la negativa autoritaria de la gobernadora morenista por no atender la petición de los policías para que despida a Marcela Muñoz Martínez, lo que le ha complicado las cosas a la mandataria y le ha dado combustible a un movimiento que hoy ya rebasó con mucho a los policías.

Lejos de sacrificar a una titular de seguridad que no tiene experiencia y ya había sido cuestionada en su ejercicio, incluso por la Secretaría de Marina, a la que pretendió quitarles la facultad de patrullar en el mar de Campeche porque quería hacerlo ella con su policía, Layda Sansores se ha endurecido al estilo del viejo autoritarismo priista que representaba su padre, el exgobernador Carlos Sansores Pérez. Con tal de no ceder la cabeza de su “adorada Marcela”, como se refiere ella misma a su secretaria, soltó millones de pesos para pagarles sobornos a los policías y desarticular el paro, cosa que logró sólo a medias, porque los líderes del movimiento, unos 9 policías que se mantienen firmes en su pliego petitorio, lograron evitar que todos los uniformados se dejaran sobornar por los pagos y bonos que les ofreció la mandataria.

El tema del conflicto campechano que ha crecido hasta llegar a una movilización como la del sábado pasado, pocas veces vista en las tranquilas tierras campechanas, ya llegó hasta el Senado de la República donde la oposición en bloque PRI-PAN y PRD pidieron analizar la “desaparición de poderes” ante el rechazo popular que crece en contra de la gobernadora y sus modos autoritarios de responder al paro policíaco. Pero la mayoría de Morena frenó cualquier intento de desaparecer poderes y en otros estados como Guerrero; para hacer que la oposición se desistiera de declarar ingobernabilidad en los dos estados gobernados por morenistas, la bancada oficial subió también una petición para desaparecer poderes en Guanajuato, gobernado por el PAN, y al final, la Comisión de Gobernación, salomónicamente decidió la semana pasada desechar las tres peticiones.

Ensoberbecida porque el presidente López Obrador le ha dado todo su respaldo y ha dicho el pasdo 27 de marzo que “tiene toda nuestra confianza, porque es una gobernadora honesta y de buenos sentimientos”, la gobernadora Sansores no ha dado una razón clara de por qué no quiere o no puede destituir a la titular de la Secretaría de Protección Ciudadana. Las versiones de una relación de tipo personal entre la funcionaria, la gobernadora y su esposo Romeo Ruiz Armenta, cobran sustento en una conversación de whatsapp filtrada en enero de 2023 entre Layda y su antiguo secretario de Gobernación, Aníbal Ostoa, en la que el funcionario le dice a la mandataria: “Cada día estoy en una posición más difícil y yo tengo que luchar contra los de enfrente y más aún con los del equipo, porque todos dicen tener línea tuya y nadie me hace caso. Renato contra Marcela, Gerardo contra Jezrael, todos los días es problema tras problema”, se queja el entonces titular de Gobierno.

Y la respuesta de la gobernadora Layda no deja ninguna duda: “Ay Aníbal, no empieces otra vez con el tema de Marcela, ya sabes que es mi niña consentida; ella se puede ir a donde quiera, por favor no quiero chismes. Yo sé mi cuento con ella y tú sabes lo apegada que estoy por culpa de Romeo”. ¿Luego entonces, la razón por la que Layda se resiste y se niega rotundamente a ceder la cabeza de Marcela Muñoz es un asunto personal? Porque además de esas razones que nada tienen que ver con el desempeño público de la funcionaria, hay otras especulaciones que, ante el aferramiento de la gobernadora por mantenerla, circulan en medios y columnas de Campeche y en las redes sociales: que Marcela Muñoz no puede ser removida de la Secretaría de Seguridad porque la gobernadora “vendió la plaza” a un cártel del narcotráfico, aseguran varios columnistas y periodistas campechanos.

En todo caso, provocar un conflicto social y político que ha ido escalando en Campeche, por una mujer, es algo que pareciera sacado de las obras de Homero; pero dejar que ese conflicto crezca, que ponga en jaque la seguridad de un estado de la República, y que haga salir a las calles a más de 20 mil campechanos para pedir ya no sólo la renuncia de la secretaria de Seguridad, sino ahora también la de la cerrada y autoritaria gobernadora, incluso con el aval del presidente de la República, es algo que dista mucho de la retórica demagógica de López Obrador y de su 4T que siempre pregona “que el pueblo manda” y que “el pueblo pone y el pueblo quita”. En Campeche lo que se observa más bien es el resurgimiento de un sistema autoritario, muy al estilo de la era priista, en el que, el pueblo puede exigir y manifestarse, puede pedir la salida de una gobernante, pero el que decide si se va o se queda es el presidente.