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Analizan separación de exsubprocuradora

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Las disposiciones judiciales en el caso de abuso sexual contra una menor en la casa hogar “San Pedro Pescador”, llevarían a Gabriela L.S., a tener que ser separada de sus funciones como auxiliar en la Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Carmen, ya que su trabajo es representar a la institución en los juzgados familiares, consideró la actual procuradora Adriana Graciela Rivera Reyes.

Aunque la exprocuradora entregará en los próximos días a la actual administración del DIF las medidas cautelares dictadas por la jueza de Control, tras ser vinculada a proceso por el delito de obstrucción a la justicia, es muy probable que mientras transcurre el proceso permanezca ajena a la institución, añadió.

“Su desempeño en la actual administración municipal fue motivo de un acercamiento, y es que las actuales autoridades no conocen a detalle las medidas cautelares impuestas, por lo cual le fue solicitada la información”.

“(A Gabriela L.S.) se le requirió información, la cual dijo no tener, y por los días de asueto sería la próxima semana cuando la entregue, luego el área correspondiente determinará si es conveniente o no su estancia como abogada de la Procuraduría Auxiliar”.

“Ella entra a las audiencias en los juzgados familiares como representante del DIF, y aunque no tiene contacto directo con la atención a menores, muchos considerarían que no es prudente que siga presentándose”.

Rivera Reyes señaló que sólo los implicados tuvieron acceso a la audiencia pasada, es decir, nadie más sabe de las medidas cautelares, ante lo cual amablemente y con disposición de ambas partes acordaron la entrega de esas determinaciones.

Debe quedar claro que la determinación a tomar en fechas próximas, está fuera de todo carácter político, pues la investigación y procedimiento inició en la administración municipal pasada, enfatizó.

 

RAPIDEZ

Asimismo, trascendió que apenas concluyó la audiencia inicial, la defensa de Gabriela L.S., pidió a la jueza de Control la suspensión condicional de proceso, lo que de “fast track” fue concedida y fue fijada fecha y hora.

Integrante del Colegio de Abogados que habló a condición del anonimato, debido a que se trata de un tema donde está inmersa una niña, señaló que los integrantes de la defensa buscan solución alterna donde la inculpada pueda terminar su proceso penal, cumpliendo con un plan de reparación del daño, si es que lo hubiera.

Tratan de que la acusada termine lo más pronto posible el proceso ordinario penal, sin tener que llegar al juicio oral y, por ende, sin que medie sentencia. Es decir, se libra de una sentencia a futuro que le deje con antecedentes penales, explicó.

El tema es la rapidez con la que jueza acuerda la próxima audiencia, cuando hay un cúmulo de expedientes atrasados. Y salta la pregunta —plantea el litigante—, ¿se estarán olvidando de los derechos de la niña para dejarlos tirados?, pues todo parece que la justicia está en etapa complaciente.

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