Ante los resultados en la judicialización de la carpeta de investigación por el caso de violación en la casa hogar “San Pedro Pescador”, ahora la Fiscalía General de Justicia del Estado de Campeche (Fgecam) debe encontrar los mecanismos para que las personas involucradas paguen por las omisiones cometidas y obstrucción de la justicia.
Exigió lo anterior Reina del Carmen Durán Méndez, secretaria de Organización del Frente de Abogados Jóvenes de Carmen, A.C., al considerar como lamentable que después de 9 meses de investigaciones no haya podido sustentar los delitos contra los involucrados.
Parece una burla orquestada desde la Fiscalía que al concluir la primera etapa de un proceso, unos queden “absueltos” de un delito cuando existen elementos para judicializarlos, consideró.
Hay responsabilidades que recaían en la expresidenta del Patronato de la casa hogar y la directora de la institución, pero la Fiscalía intenta hacer el ridículo luego de la determinación parcial de la jueza de Control, resumió.
“De acuerdo con la versión de los padres adoptivos de la menor y víctima de este delito, las responsables de la casa hogar tuvieron conocimiento del delito pero no le dieron la importancia e interés que merecía, por eso no interpusieron denuncias, entonces es atribuible a una obstrucción de la justicia”.
“La Fiscalía actúa de manera turbia, pues quiere enfocar sus actuaciones en contra de unas personas y limpiar la imagen de otras, como si la justicia fuera selectiva, máxime cuando se atacó la dignidad de una menor”, criticó.
La obstrucción de la justicia tiene múltiples facetas, y van desde el soborno y manipulación de pruebas hasta la omisión en presentar las denuncias, siendo ésta última la que encaja en la forma como disimularon el hecho, subrayó.
La abogada señaló que la Fgecam, a través de la Vicefiscalía General Regional de Justicia, tiene la obligación de replantear el expediente y judicializarlo, para que las omisiones y la obstrucción de la justicia no queden impunes.
El fiscal conoce de procesos judiciales, y está obligado a llevar ante la justicia a los responsables de un acto aberrante, como la posible violación de una menor.
No hagan pensar que una investigación y el resolutivo de la jueza de Control se volvió “circo”, y donde lo menos que se busca es aplicar la ley sin distingos, ya que habrá decepción hacia la Fiscalía y el Poder Judicial de Campeche.
Si quieren decirnos que vivimos en un Estado de Derecho, deben demostrarnos que nadie está por encima de la ley, y que el dinero no puede inclinar la balanza hacia algún lado, expresó.
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