Expediente: 15 de octubre de 2023

MUERTES POR DENGUE, NEGLIGENCIA CRIMINAL

La epidemia de dengue que azota a Campeche —y en general a la Península de Yucatán—, y que ha causado la muerte de al menos una decena de niños, saca a flote una vez más la ineptitud del llamado “Gobierno de todos… los Sansores”, no sólo para atender labores de prevención, sino principalmente para enfrentar las consecuencias de esa criminal conducta.

No podemos hablar de cifras reales, porque las oculta el Gobierno de Layda Sansores San Román, en su afán de minimizar la epidemia, que pudo haber sido controlada si se atacaba a tiempo. El pretexto de que es a nivel central donde se manejan las cifras y se confirman los casos, ha sido su parapeto para no generar alarmismo, pero todos los días, y en todos los rincones del Estado, el mal se expande sin control.
Cuando en Yucatán y Quintana Roo se hablaba de cientos —miles de casos de dengue—, en Campeche las autoridades sanitarias andaban en otros roles. No detectaron el riesgo, en su obsesión por “ahorrar” el presupuesto —o canalizarlo a sus cuentas particulares— y retrasaron las fumigaciones y las campañas de descacharrización.
A pesar de que la gobernadora aseguraba que “todo el año se realizan campañas de nebulización”, la realidad los desmintió. Por eso la ciudadanía reprochó en sus redes sociales esa monumental mentira, ya que para entonces el dengue se expandía, y los consultorios particulares ubicados a un costado de algunas farmacias no se daban abasto para atender a tantos enfermos.
Fue entonces que vino el aviso oportuno del Colegio de Médicos. El llamado dengue grave o hemorrágico estaba siendo demoledor, y el grupo poblacional en más riesgo es el de los menores de edad. En los hospitales públicos de Campeche no había equipos ni instrumentos para contener la enfermedad y propiciar la recuperación de los pacientes, que se enfrentaron a la disyuntiva de resignarse al fallecimiento del familiar enfermo o empeñar hasta los riñones para saldar la cuenta de las clínicas particulares.
Y en lo que fue bofetada al sistema de salud pública del Gobierno de Layda Sansores, empezaron a abundar en las redes sociales solicitudes de auxilio de los familiares de los enfermos de escasos recursos atendidos en hospitales privados.
No tenían dinero para pagar las cuentas, y nadie en la Administración sansorista se dignó atender los urgentes llamados. Ni los diputados los escucharon, y en suma, los demandantes se atuvieron a la ayuda de la caridad pública. ¿No que primero los pobres? ¿No que mejoró el sistema de salud? Criminalidad y perversidad.
En el Gobierno del Estado se iba la exsecretaria de Salud, Liliana Montejo León, a coordinar el programa IMSS-Bienestar, y llegaba al relevo la enfermera Josefa Castillo Avendaño, sin experiencia en ese nivel. Más tardó en recibir su nombramiento, que en llenar a la institución de incondicionales y advenedizos, incapaces de comprender para atender la emergencia.
Ni con Montejo León ni con Castillo Avendaño ha habido estrategia. Si durante la pandemia de Covid-19 habilitaron espacios en hospitales públicos con equipos especiales e instrumentos médicos para atender a los contagiados, en los tiempos del dengue mortal no se implementó nada. Se dejó a la suerte a los enfermos que podían pagar sus atenciones, y a los que no, se les envió a la muerte.
¿Quién responderá por esa criminal negligencia? ¿A qué instancia le correspondía implementar acciones concretas para evitar la explosión de casos de dengue? Si bien es cierto que se trata de una enfermedad endémica, principalmente en épocas de lluvia, jamás había sido tan letal como ahora. Lo peor es que nadie brinda explicaciones. En el sector salud la única excusa a la mano es que “toda la información se genera a nivel nacional”.
Espanta esta nueva faceta de la negligencia en el “Gobierno de todos… los Sansores”. No han podido con la inseguridad, que aumenta y cobra víctimas. Tampoco pueden con el rezago económico, pues no han implementado políticas públicas para atraer inversiones y se conforman con festivales de cine, que nada aportan al desarrollo del Estado.
No han generado acciones para reducir la pobreza, no han podido revertir el rezago educativo y en temas de salud, ya vemos que el dengue los rebasó, y que no han sabido cómo evitar que más niños mueran.
Es de vergüenza este Gobierno de la cuarta transformación en Campeche. Ineptitud, ineficiencia, corrupción, cinismo y negligencia criminal, al propiciar de manera directa e indirecta la muerte de numerosos campechanos a causa de una enfermedad que en el pasado se atendió y controló a tiempo. Una mancha más a la jaguara.

FRACASARON RENATO Y MARCELA

Tienen razón los diputados Ricardo Miguel Medina Farfán y Mónica Fernández Montúfar cuando evalúan con calificación reprobatoria los desempeños de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana y del fiscal general del Estado, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez y Renato Sales Heredia. Con ambos la incidencia delictiva ha tenido alarmante repunte.

A la gobernadora no le creen cuando asegura en su show cómico-musical-folclórico-circense de los martes, que Campeche está entre los Estados más seguros del país, porque las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública la desmienten cada mes, al reportar con datos reales y contundentes que maquilla la realidad.
Lo peor es palpar, constatar y observar todos los días que el de Layda Sansores es un Gobierno de mentiras, fantasías, insultos, denostaciones, pugilatos, descalificaciones, autohalagos, aplausos rentados y cifras maquilladas para tratar de ocultar su tremenda ineptitud.
Octubre ha sido un mes con inicio particularmente violento por la ola de ejecuciones. Y no sólo eso, con acusaciones muy graves en contra del fiscal Renato Sales, por el reciente asesinato del joven Irving Alejandro Gutiérrez Ortega.
Su tío Roberto Ortega Santos sostiene que la Fiscalía estaría coludida con un grupo criminal dedicado al robo de autos, al que pertenece “La Rana”, detenido por el crimen del joven paliceño, y quien, agrega, ha sido detenido en diversas ocasiones, pero por la protección de su “patrón” es liberado.
“¿Por qué no atacan a La Rana, que se dedica al robo de autos? Tiene un patrón pesado en el Estado de Campeche, y las veces que la Fiscalía lo agarra por robo de autos, lo deja libre”, aseguró Ortega Santos, e incluso admite que pone en riesgo su vida, al expresar su denuncia.
En algún momento de sobriedad, el fiscal Renato Sales debe responder a esa grave acusación de Ortega Santos, y que no sea con la misma virulencia con la que amenazó al joven carmelita Luis Laynes López, cuando lo acusó de corrupción por haber facilitado la liberación del asesino confeso de su hermano.
A Sales también lo acusan de haber facilitado la liberación de los pistoleros de Bonfil apresados como presuntos integrantes de la banda del menonita “Pancho Loco”, y hace apenas unos días, familiares de dos jóvenes atropellados en Xpujil lo señalaron de haber ordenado la liberación de un médico cubano retenido por la gente, luego de causar ese accidente por manejar en presunto estado de ebriedad.
Por eso insistimos en que los diputados Ricardo Miguel Medina Farfán y Mónica Fernández Montúfar tienen razón al exigir la comparecencia del fiscal. Hay muchas acusaciones en su contra que debe aclarar, y los resultados de su trabajo son deprimentes, porque la incidencia delictiva aumenta.
Es la misma situación de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez, la funcionaria consentida de la gobernadora Layda Sansores, pero la que peor resultados entrega, al grado que hay quienes la vinculan con diversos grupos delictivos que se han asentado con total impunidad en territorio campechano.
Algunos policías presumen la existencia de esos vínculos. Basta leer la carta que a continuación exponemos, y que algunos de esos agentes enviaron a la guanajuatense, para entender el porqué se han ido expandiendo varias ramas de la delincuencia organizada en Campeche.
Somos elementos de la Policía Estatal. Hace unos días, en una de nuestras comisiones de servicio, aseguramos a unos inmigrantes por el área de Champotón, y en vez de ser felicitados, fuimos castigados y después de la puesta a disposición nos mandaron al servicio de pie a tierra.
Les comento: el día de la detención, al momento de solicitar la ayuda, el comandante José Trejo Briceño (alias El Camarón) y amigo íntimo del comandante Ángel Naal Moo, ambos ocupando el cargo de director, Trejo de Champotón y Ángel de Palizada, la “mata” del paso de migrantes.
Les comento que el día de la detención se solicitó apoyo por medio de celular, porque ninguno de los radios funciona, y sorpresa para nosotros: no había apoyo, no había ninguna unidad disponible, la Guardia Nacional, Marina y Fiscalía, según nuestra central, no contaban con patrullas para enviar el apoyo.
Lo raro es que después de la detención se rumora que dejamos ir otro vehículo, donde según iba el jefe del chofer de la Van, pero ¿cómo sabía el comandante que iba otro vehículo?
Bueno, la sorpresa es que según compañeros municipales, nos comentan que ese día una persona hizo contacto con el comandante Trejo, y le reclamó porque según hay un arreglo para pasar los inmigrantes ¿y nosotros qué? ¿Por qué nos mandan a trabajar si hay arreglo?
Y ahora dice que abrirán un proceso administrativo, y decimos dicen, porque como siempre el supuesto director Antonio Solís Saradán no da la cara, sólo ordena a sus subalternos aplicar la intimidación.
Así hay muchos policías a los que se les castiga por hacer bien su trabajo, porque el inexperto director quiere seguir actuando fuera de los principios policiales y se entiende, porque no tiene ni certificado por el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ahí está la respuesta del porqué el grupo tiene tantas quejas de abuso de autoridad en todo el territorio campechano, pues Antonio Solís es su jefe directo.
Hasta ahí la misiva, que prueba que la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana es un nido de corrupción, y que la guanajuatense es la principal cabeza y beneficiaria de los “arreglos” con los grupos delincuenciales.

CORRE HACIA PALACIO NACIONAL

La inseguridad crece por robos, ejecuciones y atracos; la economía palidece por inflación, desempleo, falta de inversiones y obras; crecen protestas por desatención, nula gestión y abandono de las vías de comunicación y en las plataformas del Golfo han sido cometidos 14 atracos en los primeros siete meses del año.

Lo anterior es breve recuento de lo que viven los campechanos desde que se encaramó por asalto en el Poder Ejecutivo del Estado Layda Elena Sansores San Román, que no corrige el rumbo ni asume su papel con vergüenza, dignidad y señorío.
Está siempre presta a correr hacia Palacio Nacional ante la mínima llamada. La tiene sin cuidado lo que ocurra en la entidad, lo que se refleja en los sondeos de las encuestadoras, en la que los campechanos la reprueban cada mes.
Ella está en lo suyo. La búsqueda de otra posición que la devuelva a la Ciudad de México, donde ha pasado prácticamente toda su vida, y en otear quiénes son obstáculos a sus proyectos o enemigos —supuestos o verdaderos— de su dios, gurú y maestro, para emprender el ataque en sus Martes del Jaguar.
Sin aviso previo e información sobre los beneficios, estuvo el pasado martes en la mañanera, donde junto con otros gobernadores suscribió con el presidente Andrés Manuel López Obrador el acuerdo para la federalización del sistema de salud.
Una promesa más de la Administración Federal, que en boca del director del Instituto Mexicano del Seguro Social-Bienestar, Zoé Robledo, frustrado candidato morenista al Gobierno de Chiapas, señaló que ahora sí la cuarta transformación dotará de salud a todos los mexicanos.
Sus medios pagados comunicaron que Sansores San Román asistió, saludó, firmó el acuerdo y posó para la foto con el presidente Andrés Manuel López Obrador y los gobernadores de 23 entidades del país.
El nuevo modelo de atención en salud, aseguró Robledo, no cobrará atención médica y medicamentos. ¿Sí? Entonces podrían empezar por reconocer las deudas contraídas por familias campechanas, que han hospitalizado a sus hijos incluso en instituciones privadas, por la desatención del sector público de salud, que en casi todos los casos carece hasta de lo indispensable.
¿En qué consiste el proyecto de mejoría para la entidad? ¿Qué bases lo sustentan? ¿A cuánto ascienden los recursos? ¿Quién o quiénes serán los responsables de la puesta en marcha del nuevo sistema de salud, que ni por asomo se parece al de Dinamarca, que presumió López Obrador al inicio de su sexenio? ¿Ahora sí se verán los cambios después de cinco años de fracaso?
Otra mentira más de la gobernante es lo relacionado con el apoyo que ofreció a los que quedaron atrapados en Israel, por el conflicto bélico con el grupo palestino Hamas. El avión prometido nunca lo mandó y la asistencia al Consulado en Israel no pasó de ser telefónica.
Los peregrinos campechanos tardaron más de cinco horas en la frontera con los trámites de paso, para dirigirse luego a Amman, donde se hospedaron y continuaron su travesía. Son casi 30 testigos más de que la mentira es práctica común de Layda Sansores.
Está bien así, o profundizamos en que mentir, robar y traicionar es premisa lógica para los cuatroteros encabezados por Sansores San Román.

FRACASAN GOBIERNOS DE LA 4T

Los gobiernos de la cuarta transformación no tienen remedio. La mayoría de quienes los encabezan han desfilado por las pasarelas de los diversos partidos políticos, y en el caso de Layda Elena Sansores San Román, merece ser inscrita cuando menos en el récord Guinnes y en Aunque usted no lo crea.

¿Y por qué la afirmación? Por los fracasos en ámbitos tan importantes como salud, educación, economía, finanzas y seguridad, que son elementales para obtener el desarrollo de la geografía que gobiernan y el reconocimiento de la población.
Para ilustrar mejor lo relacionado con los padecimientos de la entidad, la gobernadora se hace la desentendida en aspectos tan especiales como la gestión para obtener recursos para pagar a los jubilados de la Universidad Autónoma del Carmen, que llevan más de 16 quincenas sin recibir sus pensiones. ¿Imagina el sufrimiento, caro lector?
Peor aún, es que otros 100 están en lista de espera para decir adiós al trabajo, y no dan el paso por el temor de seguir la misma suerte y perecer de hambre. Está adecuado el calificativo de que es una criminal conducta.
¿Quiénes han sido los proveedores de los vehículos que ha comprado la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, para reclamarles que algunos presentan fallas? Eso ocurrió con una patrulla el antepasado fin de semana con la última adquisición, en la que aseguran que gastaron alrededor de 27 millones de pesos de recursos federales.
Es la cifra que manejan, porque no han aportado el desglose del costo de las compras en cada uno de los renglones dados a conocer, no se sabe de las licitaciones, los precios unitarios y quiénes directamente se encargaron de los procedimientos administrativos. La neblina impide saber el monto de bisnes, chanchullos, aportaciones, agradecimientos o merecimientos.
La reducción del presupuesto federalizado a Campeche en casi mil millones de pesos en 2024, constituye un severo golpe a todos los satisfactores necesarios para el bienestar de la sociedad. El silencio de la gobernadora es el apalancamiento para que la Federación nos castigue más.
Y no tendría que darnos explicaciones, porque los diputados locales bloquearon todo intento de la oposición de exhortar a la Cámara de Diputados Federal a reconsiderar la medida. Hasta que fueron calificados de vulgares traidores por la ciudadanía reconsideraron su postura, y habrá que esperar el desenlace, pues recuerde que Layda Sansores firmó el desplegado en apoyo al recorte presupuestal.
Uno de los rubros más graves es indudablemente lo relacionado con la salud. La falta de atención oportuna a la presencia del dengue, como es la descacharrización, la fumigación, la hospitalización y no contar con los suficientes y adecuados medicamentos, llevó a la tumba a varios campechanos, la mayoría menores de edad.
Cierto, algunos aspectos corresponderían a los Ayuntamientos, cuyos alcaldes se quejan en círculos íntimos de que las participaciones del Gobierno del Estado y la Federación son cada vez más insuficientes para hacer frente a las problemáticas de sus Municipios.
No levantan la voz, porque temen correr la misma suerte de la edil de Carrillo Puerto, que por acusar desatención fue encarcelada utilizando a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, que esta subyugada por la gobernadora. Lo satisfactorio es saber que la sociedad carrilloportense sabe defenderse y denunció el olvido y desatención del Gobierno de Todos los Sansores al presidente López Obrador.
¿Por qué el Gobierno de Sansores San Román no intervino de inmediato cuando iniciaron las denuncias de la proliferación del mosquito Aedes Aegypti, y consecuentemente de enfermos de dengue?
Debió coordinar aspectos tales como la descacharrización, la nebulización, la atención médica y la entrega oportuna de medicamentos. Pero no, su prioridad es atender las necesidades de su profesor y gurú y denostar, agredir e insultar a los opositores al régimen.
La población de los Municipios se quejó de calles en mal estado, baches, basureros desatendidos e inundación de yerba y mosquitos en muchas regiones. La Secretaría de Salud fue omisa en elaborar un diagnóstico y emprender una estrategia, lo que se tradujo en la afectación por gripes, vómitos, cefaleas, linfadenopatías, exantemas y dengue.
Y hasta hoy nadie del Gobierno del Estado se responsabiliza y explica a los campechanos por qué no actuaron. Estamos jodidísimos. ¿Qué sigue?

EXPEDIENTE es elaborado con aportaciones de periodistas y colaboradores de TRIBUNA. Comentarios, opiniones, quejas, denuncias, elogios, ofensas, agradecimientos y sugerencias al correo electrónico: expedien75@hotmail.com