CARACAS, (Agencias).- Hay una fila de tres hombres, dos en sillas de ruedas, conectados a un suero; están en un recodo bajo sombra de la Universidad Central de Venezuela. Otros están vestidos, con las maletas de almohadas, echados sobre colchonetas.
Cruzan la vejez y dos semanas en huelga de hambre, rodeados de grupos de jóvenes estudiantes también echados en el suelo, que ríen, conversan y lucen indiferentes a lo que ocurre a unos metros de ellos.
Los jóvenes seguramente matan el tiempo libre entre clases; los hombres mayores son jubilados de PDVSA, la principal empresa de Venezuela que se ha devorado el dinero que ahorraron durante años para su retiro.
“Esta es el área de mantenimiento”, todavía bromea Daniel Bucko con una aguja en el brazo por la que se hidrata para mantener a raya la hipoglucemia y la subida de tensión tras días sin comer.
Un grupo de jubilados de la empresa petrolera se mantiene en huelga de hambre desde el 26 de septiembre.
Se movilizaron desde distintas regiones hasta Caracas, como medida de presión tras años de protestas y reclamos por la falta de acuerdos con las autoridades sobre el pago del dinero del fondo de pensiones de la estatal, creado con el aporte de los trabajadores y la empresa para asegurar los ingresos en su retiro.
Este es el segundo intento. A principios de septiembre también hicieron una protesta similar en la sede de la empresa, y salieron con una fecha para una reunión en la que les dijeron que no tenían dinero para pagarles.
Retomaron la huelga desde un lugar más seguro por temor a ser desalojados por la fuerza de la entrada de la sede principal de la empresa.
Pasan los días y este fin semana todavía ninguna autoridad se ha acercado a escucharlos. La empresa, sin embargo, ha enviado a los médicos que los asiste durante la huelga, “porque no les conviene que se les muera alguno”, apunta Joel Lenoy, de 62 años, que viajó 500 kilómetros desde Paraguaná para unirse a la protesta, pero se tuvo que retirar por el diagnóstico de hipertensión.
En 2016, antes de las sanciones, la empresa dejó de pagar los intereses generados por el fondo de pensiones, y de rendir cuentas sobre su uso y los ingresos que han entrado por el usufructo de inmuebles adquiridos como activos con el dinero de los trabajadores.
Los jubilados calculan que PDVSA debe al fondo al menos dos mil 300 millones de dólares sólo en intereses, desde que tras una reforma a los estatutos que regulan el fondo la empresa se atribuyó la propiedad de los haberes pertenecientes a los jubilados.
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