Calumnió a Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, confirma
A más de un año de la queja por calumnias de Alejandro Moreno Cárdenas, líder nacional del PRI, ante el Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de Layda Elena Sansores San Román, ayer la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó una vez más a la gobernadora, como parte del Procedimiento Especial Sancionador SRE-PSC-139/2023.
En mayo del año pasado, poco después de que se discutiera la fallida reforma eléctrica del Gobierno Federal de Morena, Sansores inició campaña política en contra de Moreno Cárdenas a través de la difusión de audios falsos en su “talk show” semanal Martes del Jaguar, además de emplear todo el aparato gubernamental de procuración de justicia para perseguirlo, sin que hasta la fecha haya aportado pruebas sobre los delitos que le pretende imputar.
A ello se sumó a todo el aparato de comunicación política estatal, pagado con recursos del pueblo campechano, para satisfacer su ánimo de venganza en contra de Alito, incluyendo al Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC) que es la televisora pública estatal, la cual tiene la concesión de la señal de televisión del Canal 4 local, dirigida por Raúl Eduardo Sales Heredia, hermano del fiscal general del Estado de Campeche, Renato Sales Heredia.
La Sala Especializada del TEPJF resolvió que tanto la gobernadora Sansores, su acompañante en los Martes del Jaguar, Juan Manuel Herrera Real, y Raúl Eduardo Sales Heredia, cometieron falta grave por usar a la televisora pública TRC, para atribuirle delitos y hechos falsos al presidente nacional del PRI, durante los programas de mayo y junio de 2022.
En consecuencia, respecto de la gobernadora y demás sancionados, serán inscritos, de nueva cuenta en el Catálogo de Sujetos Sancionados de esa Sala Regional Especializada, y en el caso de la gobernadora, se dará vista al Congreso del Estado de Campeche para que determine lo que en derecho corresponda, además de la multa por las faltas graves cometidas por los servidores públicos estatales.
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