Una valoración no centralista | Quinquenio de la 4T

Alberto J. Olvera

El presidente López Obrador ha cumplido cinco años en el Gobierno. Dada la naturaleza presidencialista y populista del régimen, la atención de los analistas a la hora de hacer balances se concentró en el discurso presidencial, las políticas del Gobierno Federal y las dinámicas políticas nacionales generadas por el Presidente y su instrumento político, el partido Morena. Sin embargo, la experiencia concreta de los ciudadanos en el trato con el Gobierno se produce en tiempos y espacios específicos, casi siempre de orden local, cuyo estudio queda con frecuencia fuera del campo de visión de los macroprocesos antes mencionados.
Propongo tomar una mirada diferente, que parta de lo local. Al hacerlo, el panorama cambia radicalmente. Lo que parece un Gobierno Federal con un líder muy popular y una valoración positiva, se torna en lo local en una opinión crítica, hartazgo en muchos sectores sociales y franca desesperación en las regiones violentas. Sin duda, un amplio sector de la población está agradecida por los subsidios. Pero el balance es mucho más complejo de lo que indican las encuestas.
En efecto, los regímenes presidencialistas se caracterizan por un efecto de “personalización del Estado”, acentuado en México por el populismo de AMLO. La imagen del Estado y la del líder van paralelas, ante todo cuando hay una franca concentración del poder. Sin embargo, las elecciones ofrecen siempre una posibilidad de juicio crítico y de potencial cambio que es evaluada por los ciudadanos en el acto de votar. Los líderes populistas tratan por eso de permancer en el poder ellos mismos, vía la reelección, pues su carisma no es transmisible. Cuando no hay reelección, la separación entre líder y candidato(a) obstaculiza el funcionamiento del efecto de la personalización del poder. Por eso, de cara a las elecciones de 2024, es mejor ver en qué contexto experimentan los ciudadanos de a pie el proceso electoral.
Para caracterizar la supuesta capacidad transformadora y democratizadora de la 4T es necesario plantearse un análisis desde las experiencias subnacionales, especialmente de los gobiernos emanados de Morena, que hoy son absoluta mayoría en el territorio nacional. Sólo así se puede entender si el proyecto político de esta corriente ha producido cambios relevantes en la forma de hacer política, en las relaciones entre poderes, en la articulación entre el orden jurídico y las prácticas concretas de los agentes institucionales, en el combate a la corrupción y en la producción de innovaciones democráticas. Con esta mirada podemos entender también si el régimen de la 4T ha producido realmente un recambio de la clase política.
Es evidente, a primera vista, que el balance desde esta perspectiva es francamente negativo. Los gobiernos estatales de Morena han sido todos bastante mediocres y autoritarios, y directamente desastrosos desde cualquier parámetro. Varios de los gobernadores de Morena son personajes impresentables. Contemos al trío de los peores: el futbolista Cuahtémoc Blanco en Morelos, Estado que para todo fin práctico carece de Gobierno; Cuitláhuac García en Veracruz, donde todo ciudadano informado sabe que el titular del Ejecutivo nunca ha gobernado por su notable incapacidad política, mientras su secretario de Gobierno hasta hace un par de meses, Eric Cisneros, ejerció el poder de facto de una manera autoritaria y presumió a propios y extraños el control total que ejercía sobre la Fiscalía Estatal y el Poder Judicial.
Completa la tercia de la vergüenza el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, ligado a negocios turbios, procesado y encarcelado por casi un año, quien ha convertido su Estado en Meca de la charrería nacional, del secuestro de migrantes, del clientelismo más descarado y de los negocios privados a costa del erario.
Podemos agregar a la lista negra a la insigne gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien ejerce el cargo formalmente en vez de su padre, y verdadero poder tras el trono, Félix Salgado. Entre ambos no se completa un gobernador(a), y el vacío de poder ha permitido que continúe la violencia sin control y se carezca de autoridad y control estatal sobre el territorio.
Qué decir de la ocurrente gobernadora de Campeche, Layda Sansores, cuyo mayor mérito ha sido difundir escuchas ilegales de las llamadas telefónicas de su antecesor y líder del PRI, Alejandro Moreno, mientras su Estado se cae a pedazos. En Michoacán, Zacatecas, Baja California, Sonora y Tamaulipas en el centro-norte, y Chiapas y Oaxaca en el sur, todos ellos Estados con altísimas tasas de violencia criminal y pérdida de autoridad sobre el territorio, los gobernadores morenistas han hecho un triste papel, muy similar al de sus antecesores. Casi todos son políticos reciclados del PRI.
En la propia Ciudad de México, la vida diaria es un martirio cotidiano. Si bien se crearon interesantes soluciones de transporte para las zonas más pobres de la ciudad, como los teleféricos, el abandono del mantenimiento del Metro ha significado la paralización parcial por más de dos años de dos líneas principales y problemas diarios, continuos, en las demás. Hay una crisis hídrica sin solución a la vista. La seguridad pública ha mejorado en buena parte de la ciudad, pero a un costo mayúsculo.
La CdMx tiene casi el doble de policías per cápita que los demás Estados, y mucho mayor presupuesto per cápita para la Fiscalía y el Poder Judicial locales. Si los demás Estados tuvieran estos recursos, probablemente se podría combatir de mejor manera al crimen organizado. Vistas las desproporciones de financiamiento, los éxitos del Gobierno de la CdMx deben verse como muy relativos. Campos estratégicos de la política pública, como el desarrollo urbano, han sido muy mal manejados, a tal grado que a la fecha hay un inadmisible vacío legal en la materia dado que Morena tiene mayoría en la Asamblea Legislativa local.
Para la mayoría de la población del país, los cinco años de Gobierno de la llamada 4T no han sido un periodo de grandes avances, sino una continuidad del mal gobierno de siempre. En estos años la mayoría de las carreteras del país han sido mal mantenidas y son hoy más inseguras que antes, el sistema de salud ha colapsado en muchos Estados, la educación pública ha empeorado, y la violencia criminal se ha extendido a más territorios. Hablar de las grandes transformaciones realizadas por este Gobierno suena como un discurso surreal para buena parte de los ciudadanos de a pie. Es cierto que han aumentado los salarios reales y los subsidios a adultos mayores y a una minoría de los jóvenes. Pero eso no constituye una “gran transformación”, sobre todo para el 45% de los trabajadores que permanecen en la economía informal.
La política cotidiana es tan elitista y autoritaria como siempre. Los empleados públicos siguen siendo obligados a atender los mítines oficiales. El acarreo de personas a eventos de todos los partidos continúa como siempre. La 4T no ha producido ni una sola innovación democrática ni en el plano federal ni local, tal vez con la excepción de algunas alcaldías de la CdMx. ¿En dónde está el gran cambio?
Ciertamente, para los habitantes de Tabasco y de la Península de Yucatán estos años han sido buenos, pues ha llegado inversión pública como nunca antes, entre la refinería y el Tren Maya. Es un efecto temporal, propio de la fase constructiva. Pero para los trabajadores de la región la Jauja es inusual.
Lo que queda de los Gobiernos de la oposición incurre en los mismos vicios antes enunciados. Los Gobiernos de MC en Jalisco y Nuevo León han sido autoritarios y vociferantes, y sus gobernadores son tan personalistas como el propio AMLO, pero sin su capacidad comunicativa y sentido de misión. Los gobiernos del PAN que quedan han sido en general mejor gestionados y han mantenido una alianza con los empresarios locales que les ha valido contar con más recursos y tener más vigilancia “ciudadana” sobre su ejercicio. Pero se ha tratado de una política supremamente elitista en donde la ciudadanía de a pie no tiene voz. Lo mismo aplica para el gobierno priísta de Coahuila, el único que queda, donde el control relativo del crimen organizado (en versión pax narca) le ha valido cierto reconocimiento ciudadano.
En suma, la gran innovación de la 4T ha sido discursiva y simbólica, algo fundamental en la política, marcada por las imágenes y las pasiones. Pero en la práctica, y en el terreno, hay mucho más continuidades que cambios. Y la evaluación de los efectos reales sobre la vida de los ciudadanos del actual Gobierno muestra un balance mixto, en el que el deterioro de la salud, la educación, la seguridad y los caminos puede ser mucho más significativo para decidir el voto que los incrementos en las transferencias y subsidios. (Nexos).

Alberto J. Olvera es investigador del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana. Investigador Emérito del SNI, y miembro de la Academia Mexicana de la Ciencia.