Como si fuera una orden de panuchos, la agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, Yesenia Guadalupe Aké Tec, decidió otorgar tres medidas de protección el pasado 20 de febrero, a favor de la gobernadora Layda Sansores San Román (expedientes CI-2-2025-24 y CI-2.2023-3680, acumulado al CI-2-2023-8016) ) y de Marcela Muñoz Martínez (expediente CI.2-2025-143), quienes se quejaron de delitos de odio y calumnias.
Sin ajustarse a los procedimientos establecidos en el Código de Procedimientos Penales ni conceder a los acusados el derecho de audiencia, o a la legítima defensa, la agente ministerial Aké Tec ordenó “el retiro o la eliminación de las publicaciones que constituyen el odio y violencia política realizadas por el medio de comunicación Tribuna Campeche, a través de su edición impresa y de su página web oficial”.
También ordena “eliminar o dar de baja todas y cada una de las publicaciones de la sección denominada ‘Tripas del Jaguar’ desde la fecha 2 de noviembre de 2022 que se originó dicha sección”.
Asimismo, “abstenerse de realizar cualquier expresión, comentarios, publicaciones y/o manifestaciones que tengan elementos que constituyan odio y violencia política contra la mujer en razón de género bajo cualquiera de sus modalidades” en contra de Sansores San Román.
La agente del MP dictó la medida de protección a favor de Layda Elena Sansores San Román gobernadora de Campeche, por la denuncia por delitos de odio en contra de Organización Editorial del Sureste (Tribuna de Campeche) y/o director general del periódico, Jorge González Valdez.
La resolución a favor de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz Martínez es en el mismo sentido. Su queja la fundamenta en una publicación de la sección “Las Tripas del Jaguar” en que se le vincula con la organización Cartel Jalisco Nueva Generación.
La agente Aké Tec resuelve “la prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos” (sic).
Y añade: “la medida de protección dictada por esta autoridad tendrá una duración de 30 días naturales, el cual (sic) empezará a transcurrir, a partir de la notificación de la presente medida de protección de conformidad con lo establecido en el artículo 139 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.
Y advierte: en caso de incumplimiento de la medida de protección, el Ministerio Público podrá imponer alginas de las medidas de apremio previstas en el Código Nacional de Procedimientos, en su artículo 104, fracción I inciso d), es decir, arresto hasta por 36 horas.
Independientemente de los garrafales errores ortográficos y de sintaxis visibles en el texto que valientemente se atrevió a firmar la agente Yesenia Guadalupe Aké Tec, habrá que tomar muy en consideración sus aberraciones jurídicas, y sin duda alguna, las repercusiones políticas que esas órdenes pueden tener, al convertir a Campeche en el primer Estado en donde se usa a la Fiscalía General, para ordenar a los periodistas que guarden silencio, o de lo contrario, que se atengan al arresto hasta por 36 horas. Y lógicamente, las consecuencias que pueda haber en caso de que se persista en la labor periodística.
La ignorancia que desborda en abundancia la agente Aké Tec, ordena por ejemplo, retirar las ediciones impresas de Tribuna donde se ha “ofendido” a la gobernadora y a su amada Marcelita, desconociendo quizá, que desde enero del año pasado este medio dejó de ser impreso. Pero bueno, entendemos que a ella le ordenaron qué firmar. No le solicitaron que emita resolutivos racionales y lógicos.
Ya sabemos en Campeche cómo se las gasta la represora Sansores San Román y para qué utiliza a la Fiscalías (General y Anticorrupción), así como para qué le sirven los jueces y magistrados estatales, de suerte que sería infértil intentar una defensa ante las instancias del ámbito estatal. Tal vez en los juzgados federales se corra mejor suerte, pero en el intermedio, es casi seguro que los agentes ministeriales le cumplan el capricho la gobernadora, de ver en la celda a los periodistas que se han atrevido a lanzarle críticas.
Y al final del día, este es el objetivo real de esta publicación. No se trata aquí de quejas o lamentos por las atrocidades en que incurre la vengativa mandataria y sus serviles lacayos, y mucho menos tratamos de evadir ninguna supuesta responsabilidad por el ejercicio de la labor periodística.
Se trata solo de evidenciar uno más de los abusos en que incurre la gobernadora de Campeche, la perversión a que ha sometido a las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia, y la alerta para que otros medios y periodistas, sobre todo en los ámbitos nacional e internacional, tomen nota de la política represora que ha implantado en nuestra entida.
Estamos ciertos que continuarán las denuncias y resolutivos en contra de Tribuna y sus directivos. Ya la historia nos ha mostrado a lo largo de los siglos que a los gobiernos tiranos les indigesta que existan periodistas valientes y medios de información críticos, y el de Layda Sansores es el peor de todos.
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