No se pueden ostentar como defensoras de la familia y de las mujeres, quienes, con sus hechos, sus abusos, sus excesos y su prepotencia, han lastimado terriblemente a decenas de ellas. Tal es el caso de la corrupta y mentirosa gobernadora, Layda Sansores San Román, y de su inútil, negligente y perversa secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez.
Miente Layda Sansores, cuando se asume como feminista o como defensora de la familia. Para empezar, su nombre está inscrito en el padrón oficial de autoridades violentadoras de género. Ha difamado, humillado y exhibido a diputadas federales, mujeres periodistas, empresarias de otros partidos, ha insultado a la alcaldesa de Campeche, Biby Rabelo, y ha liberado a feminicidas, como el bonfileño Antonio Rendón Uresti, solo para citar algunos ejemplos que reafirman nuestros dichos.
El caso de Marcela es peor. Presume la creación de la corporación “Mujeres Valientes” , para atender las denuncias de las madres de familia violentadas en el interior de sus hogares o en la vía pública, pero no se tentó el corazón para ordenar el despido de al menos 50 policías del sexo femenino, que, ellas sí, con valentía y de frente, denunciaron la incompetencia y negligencia de su jefa guanajuatense, al enviarlas a un operativo en el penal de San Francisco Kobén, sin información previa, y lo peor, sin los equipos de protección adecuados, y sin una estrategia inteligente para evitar ponerlas en riesgo.
“Fuimos enviadas al matadero”, narraron la mayoría de las “mujeres valientes” que fueron enviadas al operativo; varias describieron los abusos que sufrieron por parte de los reos; la mayoría sufrió lesiones que las mantuvieron incapacitadas durante varios días, y quienes, a pesar de mostrar los certificados médicos correspondientes, fueron cesadas arbitrariamente bajo el argumento de que no se presentaron a laborar por participar en la protesta que realizaban sus compañeros. Y ante ese abuso, no les quedó más que sumarse al paro de los policías.
Son múltiples las denuncias por los abusos que padecen las mujeres policías que están en la corporación. En sus cartas, que se han reproducido en las redes sociales, describen los privilegios que se otorgan a las “jefas foráneas”, las “predilectas” de algunos mandos policiacos en pago a favores sexuales, los descuentos injustificados de sus salarios por no prestarse a las tropelías de los jefes y jefas foráneos, las asignaciones arbitrarias a los destacamentos de los municipios, sin viáticos ni alimentos, etcétera.
¿Con qué cara puede presentarse Marcela Muñoz en un programa público, como el “Martes del Jaguar” para presumir que es una defensora de las mujeres? Tienen razón los ciudadanos que la repudiaron en las redes sociales, luego de su desastroso histrionismo para “demostrar” que sí defiende a las campechanas. Es una farsante, una hipócrita, una corrupta y una mentirosa, que debió haber sido cesada de manera fulminante tras el desastroso operativo en el penal de San Francisco Kobén a mediados de marzo del año pasado, pero quien se ha mantenido impune desempeñando su puesto, solo por ser la protegida de la farsante, hipócrita y mentirosa gobernadora, Layda Sansores San Román.
La senecta guanajuatense debe acatar ese viejo precepto que dice que “el buen juez por su casa empieza”, y lo primero que debería hacer es ofrecer una disculpa pública a todas las mujeres valientes a quienes junto con su querida gobernadora han tildado como “canallas” y “corruptas”, además de reintegrarlos a sus puestos de trabajo luego de cubrirles los sueldos caídos que arbitrariamente les descontaron.
Debería también Marcelita la viejita, darse un “baño de pueblo” y releer los comentarios que los ciudadanos libres y valientes le manifiestan en las redes sociales. Y no es que no la quieran. La repudian y lo que más desean miles de campechanos, como quedó de manifiesto en las mega marchas realizadas en el malecón, es que renuncie y que se regrese a su tierra, o bien, que se encierre en algún lugar donde ya no cause más daño.
Sus resultados como secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana son un fiasco. Por más que su querida gobernadora la defienda, y acuse como “chayoteros” a los medios que simplemente publicamos lo que es la realidad, el repudio en su contra seguirá creciendo.
Se ha incrementado terriblemente la cifra de asaltos y robos: los atentados a balazos en las colonias populares y unidades habitacionales, se repiten todos los días, las ejecuciones se han incrementado y mal hace la farsante Layda Sansores en acusar como “chayoteros” a los familiares de esos ejecutados —como el del Grupo México en la isla del Carmen— que han sido víctimas de la ineptitud de una gobernadora y de su secretaria de Seguridad que pasarán a la historia como lo peor que le ha pasado a Campeche.
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