“Estamos llevando hasta los últimos límites legales el tema de la reforma a la Ley de Obras Públicas, porque queremos que se discuta qué es más importante, si la autonomía municipalista con su artículo 115 constitucional o el derecho humano al desarrollo”, afirmó el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, José Antonio Jiménez Gutiérrez.
Y preguntó: “¿Qué sucede cuando quien dirige de manera irracional un Ayuntamiento decide que el desarrollo no debe a entrar a un espacio geográfico o político? Por eso aprobamos esa ley, por eso esperaremos la discusión que se dará, pues alguien impugnará y se dará en el Tribunal Superior”.
Lo que nosotros queremos —añadió—, es que se quede garantizado que el grupo parlamentario de Morena está de acuerdo en que en este Estado existan posibilidades de generar desarrollo.
Después de 90 años no es posible que se estén deteniendo las obras de infraestructura por decisiones particulares, y dañando los derechos de la gente.
Cuando el Tren Maya se decidió que no entrara a la ciudad de Campeche, y se perdieron más de mil 200 millones de pesos (que serían invertidos) en centrales y calles.
Hay que repensar la normativa en el sentido de qué sucede cuando un Ayuntamiento, cuando un actor político decide de manera e interés particular detener el desarrollo que beneficia a la ciudadanía.
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