Tribuna Campeche

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RECORTAN FONDOS A SEGURIDAD Y SALUD PARA FORTALECER A PEMEX Y CFE, PROGRAMAS SOCIALES

El gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo ha presentado un Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025 que incluye un incremento significativo de recursos para Pemex y la CFE, con un total de 520 mil millones de pesos adicionales. Sin embargo, este aumento se logra a través de severos recortes a diversas secretarías y organismos, afectando áreas claves como la seguridad, la salud y los derechos humanos. Entre las dependencias más afectadas se encuentran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que perderá 30 mil millones de pesos, y la Guardia Nacional, que verá su presupuesto reducido a la mitad.

El sector salud también se ve impactado, con una reducción de 30 mil millones de pesos en el presupuesto de la Secretaría de Salud. A su vez, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sufrirá un recorte del 37%, y la Secretaría de Cultura perderá un 29% de su presupuesto. Estos recortes afectarán especialmente a organismos como el INAH y a programas de protección ambiental, contraviniendo parte de las promesas realizadas durante la campaña de Sheinbaum.

El presupuesto 2025 también contempla recortes a organismos dedicados a la atención de víctimas de violencia y desapariciones. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas enfrentará una reducción de 47 millones de pesos, y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres verá un recorte del 16%. Además, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina también recibirán menos recursos, a pesar de ser sectores estratégicos dentro del gobierno actual.

A pesar de los recortes, algunas áreas del gobierno experimentarán aumentos en su presupuesto, como la Cámara de Diputados y el Senado, que recibirán recursos adicionales. También se asignarán más fondos a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para supervisar proyectos ferroviarios. En resumen, este presupuesto refleja un ajuste fiscal que prioriza proyectos de infraestructura y energía a costa de los programas sociales y áreas críticas de seguridad y derechos humanos.

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