Reprime Indajucam a sus trabajadores

Acoso, cambios de adscripción y despidos tras quejas contra el director

Luego de que trabajadores del Instituto de Acceso a la Justicia del Estado de Campeche denunciaron graves anomalías, que van desde desvío de recursos, contratación irregular de amigos, a quienes asigna salarios mensuales de 30 mil pesos, pagos de facturas apócrifas, robo de gasovales y manipulación de apoyos y compensaciones, el director Luis Humberto López López inició cacería contra los quejosos, a los que pretende despedir o cambiar de adscripción.

En escrito enviado a TRIBUNA, los afectados insistieron en su llamado a las autoridades estatales para que investiguen las denuncias y que cese la persecución, pues el funcionario se ostenta como uno de los consentidos de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román, y sostiene que nada harán en su contra.

Denunciaron que ya iniciaron los cambios de adscripción, despidos y hasta crearon cuentas falsas de Facebook, para desprestigiar con falsedades en la vida privada de quienes considera que enviaron las denuncias en su contra.

Entre las anomalías denunciadas destacan el desvío de recursos, pagos de facturas compradas, robo de gasovales, manipulación de los apoyos y compensaciones que entregan incompletas al personal —aunque los hacen firmar por cantidades mayores—, maltrato verbal, acoso laboral, contratación de amigos y recomendados con sueldos de 30 mil pesos al mes.

También denunciaron que López López canceló el pago de viáticos al personal que sale a comisiones o eventos asignados, así como los traslados de los defensores a las salas en Kobén y en la Fiscalía, porque para ellos no hay vehículos disponibles. Los vehículos oficiales los utiliza el personal de su despacho particular, a quienes contrató como directivos y administrativos con sueldos de 30 mil pesos al mes.

También hay amiguismo y tráfico de influencias, pues López López contrató con honorarios de hasta 30 mil pesos mensuales a recomendados, mientras el resto del personal de defensoría pública apenas percibe de cuatro mil 500 a siete mil pesos quincenales.

Entre los beneficiados mencionan a Luis Alberto Alcocer Gómez, con sueldo mensual de 30 mil pesos.

Enrique Mex Pérez y Luis Ermilo Mex Collí como asesor jurídico de victimas, también con sueldos de 30 mil pesos al mes; Mildred Verónica Magaña Rodríguez, a quien asignó plaza de defensor con nivel 6.1 (plaza alta), también a la exfiscal Anahí Guadalupe del Carmen Pérez Uicab, a Teresa de Jesús Avilés Rocha, Lizbeth del Carmen Pech Cu y Fernando Alberto Ríos, a quienes les otorgaron contratos élite de 25 mil pesos mensuales.

Además López López utiliza las oficinas del Indajucam como su despacho particular, y a pesar de que la ley se lo prohíbe, sigue litigando y utilizando sus “influencias” para ganar sus casos particulares.