A tiempo de cambiar el rumbo: El carrusel de la muerte

María Elena Morera (*)

El mes pasado veíamos con horror lo sucedido en Chiapas, Guanajuato, Michoacán y Quintana Roo. Entonces, pensamos que sería el mes más violento, pero no fue así. Durante julio ya se han sumado al carrusel de violencia Guerrero, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas; también actos terroristas en Jalisco y el Estado de México. Sin embargo, el único que ocupó al Presidente fue Guerrero.
El Estado sureño no ha dejado de sufrir violencia de diferentes actores en las últimas siete décadas. Los grupos caciquiles, que anteriormente formaron parte del PRI y ahora están en Morena, siguen pensando sólo en sus privilegios.
Durante años fue la brutalidad estatal, la guerrilla rural, los movimientos de autodefensa, la miseria y la corrupción crónica. Pero en la última década los guerrerenses han pasado a ser rehenes de organizaciones criminales. Ahora con presencia en mayor o menor medida en 69 de los 81 Municipios (datos de AC Consultores) y vinculadas a los políticos en turno por miedo o por interés.
Los violentos hechos en Chilpancingo que fueron noticia nacional en la última semana, son parte de lo mismo que hemos venido señalando en Causa en Común. Tan sólo este año hemos identificado más de 200 atrocidades en Guerrero, principalmente torturas, descuartizamientos, calcinamientos y masacres.
No obstante, lo que hizo que la autoridad federal “actuara” no fue la angustia que vive la población, ni tampoco el escándalo mediático por el video de la alcaldesa morenista de Chilpancingo, conversando con el líder criminal del grupo de “Los Ardillos”. Todo eso fue lo de menos.
Lo que sacudió al Presidente fue el músculo social que mostró el grupo criminal de “Los Ardillos” al convocar a más de cinco mil personas de los Municipios de Chilpancingo, Quechultenango, Mochitlán y José Joaquín de Herrera, para causar desmanes y cerrar varias vialidades entre ellas la Autopista del Sol.
Entonces el Presidente despertó (por ser amable), pero no para solucionar el fondo del problema, que es la precariedad en la que viven los guerrerenses, y en el caso particular, la disputa violenta de las últimas semanas entre dos grupos criminales, “Los Ardillos” y “Los Tlacos” por el control ilegal del transporte público; sino, para evitar que las autoridades municipales y estatales se descubrieran, como lo que son, ineptas y rebasadas frente a la población, con las cercanas elecciones del 2024.
Por esa razón pareciera que tomó la decisión de ordenar “un diálogo” entre autoridades y “Los Ardillos”. Hasta ahora no se sabe cuál fue el acuerdo, pero para matizarlo de cierta legalidad dieron a conocer acciones a favor de una política social a cambio de desbloquear las vialidades y regresar a los secuestrados. Sin embargo, no es creíble que ese fuera el acuerdo cuando hasta los voceros son identificados por autoridades federales como parte del grupo criminal.
Además de ilegal, “el acuerdo” fue con uno de los grupos en disputa, lo que generó que un día después asesinaron a un exfuncionario municipal y a un exregidor del Municipio; y en Tixtla asesinaron al conductor e incendiaron su unidad. Hasta hoy el transporte de Chilpancingo a los Municipios vecinos sigue suspendido.
Cuando la legalidad dictaría que son las autoridades quienes deben tener el control del transporte público, el Presidente optó por ponerse del lado de uno de los grupos criminales, con los costos en violencias para los pobladores.
La violencia criminal se ha apoderado de gran parte del país, pero aún estamos a tiempo de cambiar el rumbo. No permitamos que el carrusel de la muerte nos arrastre a todos.
(*) Presidenta de Causa en Común.