La gobernadora Layda Sansores San Román y la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSE) deben cumplir el compromiso del aumento salarial a los elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), ya que de otra manera se inhibe el buen desempeño y juegan con las necesidades de los agentes, y se está ante un engaño de la autoridad estatal.
Así lo afirmó Javier Bello Ávila, presidente de Contraloría Ciudadana de Carmen, A.C., al hacer mención que este reclamo se basa en que desde el pasado 22 de diciembre, en el marco de la celebración del Día del Policía, la gobernadora Layda Elena Sansores San Román anunció el aumento salarial para los agentes del orden.
“La gobernadora Sansores San Román anunció un reconocimiento necesario a la labor que desarrollan los policías, otorgándoles mejor salario, sin embargo, al parecer alguien no informó si se contaba con los recursos para poder llevar a cabo este pago, por lo que los agentes estatales se sienten engañados”.
Y expresó que un Gobierno no puede manejarse sólo con buenas intenciones, sino que requiere de acciones que den respuesta a las demandas de los ciudadanos, y la seguridad pública es uno de los temas más recurrentes, lo que incluye la mejora salarial.
“Se debe dar claridad a los policías estatales sobre de cuánto será el aumento salarial al que pueden aspirar, aunque se dijo que pasaría de seis mil a 13 mil de manera mensual, así como a partir de cuándo se comenzará a reflejar en el pago de sus remuneraciones, porque mientras tanto únicamente será un simple discurso”.
Bello Ávila explicó que de no darse claridad en este tema tan importante para los policías estatales, se corre el riesgo de afectar las acciones de seguridad pública en la entidad, en especial en Ciudad del Carmen, donde los índices delictivos son superiores a los que se presentan en el resto de la entidad.
Subrayó que el desánimo de los policías estatales por el incumplimiento en el pago del aumento salarial que les prometieron podría afectar las acciones de seguridad pública, al considerar que los engañaron con algo que ellos ya esperaban para beneficio de sus familias.
“Dicen que el prometer no empobrece, y parece que así actuaron dentro de la euforia de un festejo a quienes nos vigilan, pero estamos ante un engaño de la autoridad que gobierna”.
El activista reiteró que las autoridades estatales, antes de hacer un anuncio de este tipo para quedar bien con los diferentes sectores de la población, debieron intercambiar opiniones con los responsables del área de Finanzas.
“Ahora se desconoce si cuentan o no con el presupuesto para dar respuesta a los compromisos que asumieron; mientras tanto, el cuerpo policial pareciera estar decepcionado de quienes controlan la entidad”.
El policía no puede protestar abiertamente, y se entiende, pero las voces ciudadanas que hablan a su favor tienen la autoridad moral para exigir que se cumplan los compromisos, concluyó.
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