Erizados con propuesta de AMLO

En riesgo inversión de empresarios de la construcción

“Eriza la piel el enterarse empresarios de la industria de la construcción, la propuesta presidencial de aprobar una iniciativa de reforma administrativa con la que pretende dejar de indemnizar a empresas privadas, en caso de que sus contratos con el Gobierno sean cancelados, porque se arriesga inversión y denotan falta de seriedad y de certeza”, afirmó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Víctor Manuel Burgos Pech.

La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, establece en detrimento de las empresas proveedoras de las instituciones gubernamentales, o con alguna concesión, que los actos administrativos de la administración pública podrán extinguirse cuando “ocurran hechos o actos supervinientes que afecten el interés público, general o social, la seguridad nacional o que causen algún tipo de desequilibrio o daño económico, social, ambiental o que impidan el disfrute de derechos fundamentales de las personas físicas”.

De igual forma, se propone que, en caso de terminación anticipada de contratos, no procederá el resarcimiento de daños o perjuicios en favor de las empresas. Esa iniciativa es por parte del Gobierno, para tratar de minimizar costos en el sentido de que no se tengan problemas de agilidad u obstáculos, al emprender ciertas obras y de infraestructura en el país.

Pero sin duda, los empresarios debemos contar con una certeza jurídica y respeto al estado de derecho, en todas las acciones y no es algo que esté cuestionado, porque la misma Constitución nos otorga esa certeza como iniciativa privada y que el ente público tiene que respetar.

Existe el marco jurídico en el que debemos estar sujetos, pero todo es perfectible y todo se puede mejorar, pero el hecho de tener motivos para querer modificar ambiguamente ese marco sí se tiene que proceder con mucha precaución.

En ocasiones el Gobierno Federal se enfrenta con cierta reticencia que causan hayan litigios que retrasan las ejecuciones de obras, se encuentran con cosas mal hechas que en ocasiones no pueden reclamar porque se enfrasca en un pleito jurídico, y eso no conviene a nadie y el Gobierno está tratando de que eso no suceda.

Hay que perfeccionar nuestras leyes. El Congreso de la Unión debe legislar con profunda responsabilidad en esta materia, pues tratando de acuñar el interés público que es de su ingerencia, pero no a costa de erosionar la certeza jurídica ni el estado de derecho que nos corresponde y que nos marca la Constitución.

Puede haber motivos que fundamenten esa iniciativa, pero el Congreso de la Unión debe de tener esa responsabilidad para con los ciudadanos, y con las empresas mexicanas.

En Campeche necesitamos inversión privada, y estas noticias que se mencionan en los medios de comunicación, hace que se nos erice la piel.

“Nosotros estamos inmersos en una necesidad de que vengan las empresas a invertir a la entidad, pero si se topan con este tipo de situaciones, pues se vuelve algo así como un bumerán, pues al no haber seriedad o certeza de que van a respetarle su inversión y de pronto le van a decir que siempre no, pues claro que no ayuda a nada ni a nadie”.