Gobierno laydista aplica dos balanzas

La administración laydista mide con dos varas a quienes fueron y son administradores del erario, porque a Pablo Gutiérrez Lazarus, lo cobijaron y guardan con hermetismo el expediente archivado, donde se le acusó de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades.

Así lo recriminó el consejero político estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Alfonso Medina Peralta, al referirse a las apariciones públicas de la gobernadora, donde evidencia la “cacería” que emprende contra sus más acérrimos críticos.

“Podría decirse que se viven las expresiones más descaradas de una mandataria que ya inició la persecución contra un excandidato, al que busca dejar como preso político durante todo su sexenio”.

Cabe recordar que Sansores San Román, entonces candidata del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a la gubernatura, salió en defensa de Gutiérrez Lazarus –cuando se le juzgaba-, y acusó a Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, gobernador con licencia y dirigente nacional del PRI, de recurrir a prácticas “perversas” contra sus adversarios, lo que todo parece indicar realiza la administración que encabeza.

“Todo parece indicar que a Layda se le olvidó que a ‘Pablito’ la Auditoría Superior del Estado le encontró que asignó un contrato de 580 mil pesos al despacho Strategis, para que litigara unos créditos fiscales y embargos del IMSS al Ayuntamiento, que lo llevó a enfrentar una acusación, que luego de algunos meses, la desaparecieron”.

Medina Peralta añadió que “si Layda acusa a Eliseo Fernández Montúfar con toda la fuerza del Estado, la población no debe olvidar que Pablo cometió una ilegalidad, porque ese contrato estaba fuera de la ley, ya que se distrajeron recursos que debieron usarse para el servicio público del Municipio.

Y aunque en esta ocasión pareciera que usan como brazo ejecutor a la Fiscalía General del Estado (FGE), está muy claro que su representante, Renato Sales Heredia, responde únicamente a intereses políticos, porque claramente saben que la autoridad verificadora es la Auditoria Superior de Campeche (Asecam).

“Emprenden una campaña de desprestigio en contra de un campechano, al que ponen como un ‘capo’ perseguido por la Interpol, demostrando que el poder lo encaminarán contra quienes se atrevan a cuestionar el mal Gobierno laydista”.

Según el perredista, Layda se tragó sus palabras cuando dice que lamenta que la política se judicialice, porque todas sus huestes están replicando la acusación contra un político, cuando ni siquiera ha sido juzgado, entonces ¿dónde queda la presunción de inocencia?

“Y mientras a Eliseo lo buscan por cielo, mar y tierra, desde que comenzó el Gobierno de Sansores San Román buscaron indultar a Pablo, hasta que lo consiguieron con el perdón de la Sindicatura Jurídica del propio Ayuntamiento”.

Por último, asentó que en el caso de Gutiérrez Lazarus el Poder Judicial del Estado lo cobijó, desapareciendo grabaciones, y después dándole todas las facilidades para que pudiera librarse de antecedentes penales.

Sin embargo, matizó que “a Pablo le debemos recordar que nadie lo acusó –en su momento- de ser delincuente, y menos saqueador del Municipio, sólo que abusó de sus funciones, porque cree que cuando gobierna lo hace como un rey absoluto, y que lo que dicta es ley”.