Seis meses de injusticia

La protesta pacífica y legítima de los policías se extendió durante 105 días y durante ese lapso, no descuidaron jamás sus obligaciones primordiales por garantizar la seguridad de los ciudadanos…

El pasado lunes 16 de septiembre se ajustaron seis meses del fallido operativo en el Centro de Readaptación Social de San Francisco Kobén, donde alrededor de 400 elementos policiacos fueron enviados sin equipos de protección adecuados, sin estrategia y sin información suficiente, a contener una rebelión de las eufemísticamente llamadas “personas privadas de su libertad”, que tradicional e históricamente se han conocido como reos o reclusos.

Se ajustan también seis meses de iniciada una protesta pacífica, ordenada y responsable, en que más de mil elementos expresaron su rechazo y repudio contra su jefa, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez y su séquito de comandantes foráneos, quienes en lugar de combatir la inseguridad, se han aliado con los delincuentes, en perjuicio de los campechanos y en demérito de nuestro estatus de ser, hasta hace tres años, uno de los Estados más seguros del país.

Como bien sabemos, la protesta pacífica de los policías se extendió durante 105 días y durante ese lapso, sin descuidar jamás sus obligaciones primordiales por garantizar la seguridad de los ciudadanos, los manifestantes fueron sumando el respaldo de la sociedad y el apoyo de algunos representantes de por lo menos dos partidos: Movimiento Ciudadano y PRI.

Ese apoyo bastó para que la nefasta gobernadora Layda Sansores, con su tradicional estilo de vilipendiar a sus adversarios y difamar a quienes le llevan la contraria, intentó desacreditar el movimiento, acusando a sus cabecillas de toda suerte de delitos, inventándoles carpetas de investigación y expedientes administrativos, que derivaron en que por lo menos 190 de ellos perdieran sus empleos, al ser cesados de manera injusta y arbitraria.

De nada sirvió que los uniformados recurrieran a las instituciones establecidas por la ley, para evitar los abusos en su contra. Ni la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), ni los juzgados federales lograron protegerlos. O en otras palabras, de nada valió para la gobernadora que esas dos instituciones protegieran a los manifestantes. Pisoteó sus derechos y avasalló las medidas cautelares y de protección que los habían amparado.

A seis meses de esos sucesos nada más ha sucedido. La inepta, negligente y corrupta Marcela Muñoz sigue al frente de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana. Ligia Rodríguez Mejía aún se ostenta como presidenta de la Codhecam, y sigue haciendo méritos para ganarse como premio el cargo de magistrada del Tribunal Superior de Justicia y en contraparte, hay 190 familias que desde hace al menos cinco meses no tienen ingresos para su supervivencia. Toda una fila de injusticias, gracias al despotismo de la nefasta Sansores San Román.

Y así, con estos saldos negros arranca su cuarto año de Gobierno. Sin el menor ánimo de enmendar las cosas y de corregir sus abusos y excesos.