Con la arbitrariedad e ilegalidad que caracterizan al Gobierno de Layda Sansores, acudió a un tribunal administrativo estatal para mandar a quitar los sellos de suspensión de la obra del Tren Ligero, lo que además evidencia el sometimiento del Poder Judicial ante el Ejecutivo en Campeche.
Denunciaron lo anterior Marcha Camacho Sánchez y Alejandro Durán Reyes, alcaldesa y jurídico del Ayuntamiento de Campeche, al anunciar que impugnarán esa acción, que calificaron como ilegal y autoritaria.
En conferencia de prensa recalcaron que la controversia puede tardar un año, por eso es probable que la obra continúe sin que la Comuna pueda hacer algo.
“El Gobierno del Estado debe dar ejemplo de legalidad, pero como no puede y no quiere cumplir, prefiere cambiar la ley. Quiere hacer obras sin que sean fiscalizadas por el Ayuntamiento, como lo marca la normatividad”.
“No es capricho del Ayuntamiento suspender la obra del Tren Ligero, sino que el Gobierno del Estado no ha entregado el proyecto ejecutivo”, aseveraron.
El Gobierno de Layda Sansores tiene que aclarar por qué metió un presupuesto 20 millones de pesos ante el Ayuntamiento de Campeche, cuando Fonatur anunció que el Tren Ligero tendría inversión superior a los cinco mil millones de pesos.
Es vergonzoso que en dos semanas el Judicial mostrara sometimiento al Legislativo, pese a tener personas profesionales.
Los ministerios saben que es ilegal, pero no pueden hacer nada contra el Ejecutivo, entonces ¿qué le espera a la gente de a pie, a los ciudadanos que no tienen dinero para contratar a un abogado?
El Gobierno del Estado pretende que esta y las demás obras que realice no sean fiscalizadas, reiteraron, y aclararon que se deslindan de cualquier consecuencia, pues no saben si puede haber algo negativo como inundaciones y afectación a la infraestructura municipal como la de agua potable.
El Ayuntamiento ha participado en las mesas, pero lo que hemos pedido no ha sido solventado en su totalidad, por lo tanto, persiste la ilegalidad, dijo el abogado, y reveló que no han sido convocados a otra reunión, pues Layda considera que “no les hacemos falta”.
Al manifestar que están dentro de los 40 días hábiles para plantear la controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que harán la próxima semana, los responsables serán la empresa, la Sedena y el Gobierno del Estado por promover la reforma a la Ley de Obras Públicas.
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