Denuncia presentada desde 2021 no avanza
Ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado presuntamente dilataron investigación penal para proteger a abogada, quien es acusada de tres delitos desde 2021 tras supuestamente falsificar identidad jurídica para quedarse con el patrimonio de persona fallecida.
Por delito contra el estado civil, falsificación o alteración de documentos públicos o privados, uso indebido de documentos y falsedad ante la autoridad, fue querellada la abogada Luz del Alba D.G., luego de que presuntamente se hizo pasar como concubina de una persona fallecida para quedarse con más de un millón de pesos del Afore y dos predios.
“En el 2020 falleció mi hermano y quedaron intestadas sus propiedades, inicié un juicio intestamentario en Casa de Justicia y a los cuatro meses me enteré de que hay una concubina”, refirió Manuel del Carmen Arceo Valle a las afueras de la Fiscalía del Estado.
Destacó que al investigar dio con la abogada, que era amiga de su hermano y habría creado el “falso concubinato” con ayuda del titular de la Notaría Pública número 19 del Centro Histórico, presentando supuestos testigos falsos para cobrar un millón 44 mil 394 pesos con 34 centavos del Afore del difunto.
“Ese concubinato nunca existió, sobre todo cuando afirman que tuvieron 20 años de estar juntos. Vengo a la Fiscalía a denunciar por diversos delitos el 28 de abril de 2021 y hasta ahora no me han hecho justicia”.
Manuel y su hijo hicieron el trabajo de investigación y presentaron testigos, estudios de campo del DIF Estatal, informes del IMSS, del Inbursa donde tenía el Afore, “y todo indica que mi hermano siempre fue soltero. Ahora esta persona se adjudica un predio con falsedad de concubinato, el notario se excede de su autoridad para nombrarla albacea en dos meses”, refirió.
“Ya lleva casi tres años esta denuncia en la Fiscalía concentradora, han pasado seis agentes del Ministerio Público y la carpeta de investigación no ha sido judicializada ni obtenida la orden de aprehensión”.
La abogada de Manuel, Natalia de la O, afirmó que su cliente sospecha del tráfico de influencias y protección que personal del Ministerio Público brinda a la abogada debido a las “amistades de ésta” a fin de dilatar el proceso y que prescriban los delitos.
“Ya se pidieron cuatro audiencias ante los jueces de Control por la omisión del Ministerio Público por dejar de ejercer la acción de la justicia para el señor”, refirió la abogada.
Ayer tuvieron una audiencia con la juzgadora que emplazó cinco días a la autoridad ministerial para que resuelva si ejerce o no la acción penal y con ello, la litigante pueda tomar las medidas jurídicas correspondientes, entre ellas iniciar los procesos administrativos y penales para las sanciones correspondientes a los servidores públicos, incluso acudir ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción del Estado de Campeche.
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