Bajo presión, empleados de Junta de Conciliación aceptan finiquito

ALGUNOS PROCEDERÁN LEGALMENTE

Ante las presiones del personal de la Junta Federal Especial 52 de Ciudad del Carmen, algunos trabajadores aceptaron su liquidación después de que funcionarios de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) y de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), llegaron para convencerlos.

Sin revelar sus nombres por temor a represalias de la institución, confirmaron que ayer llegaron Luis Portillo Bencomo, coordinador general de la administración de la JFCA, y Ulises Hernández, de la STPS, para convencerlos de que no hay posibilidad de mantener las fuentes de empleo.

Trascendió que los que aceptaron la liquidación deben viajar a la Ciudad de México, para presentarse en el Tribunal Laboral y cobrar sus cheques. Los que no aceptaron permanecerán en las afueras de las instalaciones hasta el 15 de diciembre, fecha en que oficialmente salen de vacaciones, sin que a inicios de 2023 puedan retornar.

Como se recordará, los trabajadores de la Conciliación fueron notificados hace dos semanas del cambio de sede a la capital del Estado, y aunque en otras localidades del país son trasladados a las nuevas oficinas, en el caso de Carmen serán cerradas las plazas, de ahí las liquidaciones.

A la par de esta medida, los abogados laboralistas iniciaron con la toma de las instalaciones, mientras los trabajadores permanecen todos los días en el estacionamiento del edificio, en el horario de su jornada, en espera de algún cambio.

Sin embargo, el jueves, Portillo Bencomo y Ulises Hernández regresaron para externarles que no hay otra opción más que la liquidación.

Al respecto, los trabajadores comentaron que las reuniones fueron de manera individual, y algunas se tornaron ríspidas por la negativa a quedarse sin trabajo, pero otros, bajo presiones, aceptaron lo que la JFCA les ofreció.

Ahora, debido a que a ellos les corresponde atender problemas laborales en los tribunales ubicados en la Ciudad del México, quienes aceptaron deberán viajar a la capital del país, para refrendar su decisión y recibir los cheques.

En cuanto a los que no aceptaron, procederán con las denuncias pertinentes, informaron que permanecerán todos los días en las afueras del edificio, y explicaron que la situación se recrudece porque los litigantes siguen en su postura de impedir que se lleven las oficinas a la capital.

Por último, lamentaron la situación, pues aunque existan cambios por la reforma laboral, son más de 20 las personas que quedaron sin empleo, y el Gobierno se le hizo fácil liquidarlos, en lugar de garantizarles plazas aunque fuera en otra ciudad.