Cotemar, involucrado en caso de violación

DEBERÁ DEMOSTRAR SU RELACIÓN LABORAL CON EL ACUSADO

El representante legal del emporio petrolero Cotemar, Alejandro Fernández Ramírez Buendía, deberá comparecer en el juicio contra “Lupita”, la niñera de la casa hogar San Pedro Pescador, para demostrar la relación laboral que mantuvo con Salvador E., esposo de la reclusa, acusado de violación equiparada en agravio de menor de edad.

La acusación formal consta de 24 páginas y la Fiscalía General del Estado (FGE) la desplegó ante la jueza de Control, Fabiola Guerra Abreu, contra Guadalupe L. G.

El grupo de fiscales cita a Fernández Ramírez Buendía para que aclare si su empresa ha tenido algún tipo de relación laboral con Salvador E. V. “Chava”.

Buscan acreditar que Chava, en el periodo que se suscitó la agresión sexual no se encontraba laborando para alguna compañía, entre ellas Cotemar, basados en el oficio 325/CJMC/1.C/2022.

Según el amplio documento, en noviembre de 2019 —cuando la empresaria Karla Juárez fungía como presidenta del patronato—, Salvador ayudado por su mujer “Lupita”, golpeaba a la víctima, según la imputación formulada por la Fiscalía.

Se hizo hincapié que durante todo este tiempo, Guadalupe —actualmente recluida en el Cereso de Carmen— obstaculizo la investigación y nunca salvaguardó u auxilió a la niña.

Aunque el delito que le atribuyen a Guadalupe alcanza los 25 años de prisión, la Fiscalía sólo pide la pena de 16 años, seis meses y multa de 400 Unidades de Medidas de Actualización (UMAS), es decir 38 mil 488 pesos.

FISCAL COMPLACIENTE

Pese a que los recientes documentos no hablan de cómo podría terminarse este asunto, el fiscal Renato Sales Heredia actúa complaciente con los involucrados, ya que varios fueron prácticamente absueltos, señala la familia afectada.

Dentro de la carpeta judicial 112/21/2022/JC-II, deben comparecer en la audiencia Mateo Tavera y Rocío Meza, padres de la agraviada; Martha Aurora Osorio Solís, directora de la casa hogar; Shady Elvira Chantal Cruz Robles; Marisol Reyes García; Landy Guadalupe Castro Herrera, y Adriana Graciela Rivera Reyes, procuradora auxiliar del DIF Carmen, entre otros.

Para complemento del juicio, la exdirectora Martha Osorio debe exhibir el reglamento interno, número de niños que se albergaba en el 2016 y reseña de la remodelación del edificio que a causa de ello los reubicaron.