PUÑALADA A TRANSPORTISTAS. La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que pretende Layda Sansores que el Congreso local apruebe este viernes, resume los 150 artículos de la ley actual a tan sólo 20, que además de ser imprecisos, se regirán por un reglamento aún inexistente. O sea, pretende cambiar el transporte, pero sólo ella sabe cómo.
La deshonestidad y opacidad con la que se manejó la creación y aprobación de esta nueva ley sin reglamento, es reflejo fiel de cómo se hacen las cosas en el Gobierno de Layda Sansores. Entregará a Grupo ADO el monopolio desde ahora, y el reglamento se hará cuando sea propicio aplicárselo a los campechanos.
Layda Sansores una vez más pisoteó la ley, que le impide favorecer a consanguíneos de su gabinete. En esta ocasión benefició a su amigo Luis Zubieta, accionista de ADO, cuyo hijo trabaja en el Infocam. ¿Eso no es corrupción? Claro que sí. ¿Hay duda de que la gobernadora es corrupta? Ninguna.
MORENA LOS TRAICIONÓ. Cuando le visite alguno de esos escuadrones disfrazados en colores guinda con logos de Morena, predicando el cínico discurso de que para su partido primero están los pobres, pregúntenles por qué sus cobardes y serviles diputados locales traicionaron a los transportistas campechanos.
El dictamen aprobado por los morenistas Héctor Malavé Gamboa, Jorge Pérez Falconi, Violeta Bolaños, Landy Velázquez y el independiente Elías Baeza, sin hacer los foros que les solicitaron, ni consultar a especialistas sobre el tema y sin tomar en cuenta la opinión de los concesionarios, fue una puñalada al futuro de muchas familias campechanas. No tienen vergüenza, ni madre.
Son traidores, les mintieron y les están robando sus fuentes de trabajo con las que han sobrevivido toda su vida. Y si el viernes les dan el tiro de gracia, como se espera, tendrán que tomar medidas más drásticas para ser escuchados. Estarán locos para darles el voto de nuevo, por lo que no hay duda en que se las cobrarán en la próxima elección.
GOBIERNO ARBITRARIO Y AUTORITARIO. Apenas el pasado viernes comentamos que el paro laboral de los 120 policías destacamentados en Ciudad del Carmen el 5 de Julio —en protesta porque les suspendieron el apoyo de alimentación—, se debió al incumplimiento del pago a los proveedores de ese servicio por parte de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), que preside Marcela Muñoz Martínez.
Pues el Gobierno de Todos los Sansores no atendió el reclamo de los afectados, y ayer nuevamente los policías de ese Municipio recibieron comida podrida, por lo que los reclamos subieron de tono en plena comida. Las merecidas mentadas de madre llegaron hasta el cuarto piso del Palacio de Gobierno. No era para menos. Cualquiera en su lugar hubiera hecho lo mismo.
Pero lo que más llamó la atención es que ante ese justo reclamo se haya tomado la decisión de arrestar a todos los quejosos por orden del subdirector operativo, Rodrigo Nicomedes de los Santos Ramos. ¿A dónde quiere llegar Layda Sansores con esa conducta arbitraria y autoritaria? ¿Ese es el humanismo de la 4T?
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