EXPEDIENTE | FISCALÍA, DE CABEZA, SÓLO ACTÚA POR CONSIGNA

Mientras que la percepción ciudadana respecto de la impartición de la justicia va en declive en Campeche, ya que la Fiscalía General del Estado no resuelve denuncias sobre robos, homicidios, ejecuciones, atentados, violaciones y otros delitos, esa misma dependencia ha mostrado mayor interés —que no eficiencia— en la persecución de los delitos políticos. Sea contra Alejandro Moreno, Eliseo Fernández, Paul Arce, Máximo Segovia y muchos más.

Por eso no resultó sorpresivo que a unas horas de que el delicadito Juan Pedro Alcudia Vázquez, consejero jurídico de la nefasta gobernadora Sansores, diera a conocer que había presentado otra denuncia penal contra TRIBUNA y Telemar, casi de inmediato sus serviles lacayos se apresuraron a repartir las notificaciones y los citatorios a diestra y siniestra.

Datos de México Evalúa, de la asociación Impunidad Cero y los sondeos que periódicamente realiza el Inegi, dan cuenta de que a nivel nacional sólo el 4% de las investigaciones de la Fiscalía avanzan a los tribunales, que muy pocas carpetas de investigación pasan la etapa judicial, y que la impunidad permea prácticamente en todo el país. Campeche estaba en 2022 entre los 12 Estados con peor desempeño de sus fiscalías.

Una de las razones que explica esta situación tiene que ver con la politización de la Fiscalía General del Estado, que, desde la llegada de la corrupta Layda Sansores a la gubernatura, se convirtió en su instrumento para la consumación de venganzas, para la persecución de sus adversarios, y para intimidar a los periodistas críticos. Su obligación de procurar justicia al ciudadano afectado pasó a segundo o hasta a tercer término.

A eso se añade el recorte presupuestal que los ha dejado prácticamente sin gasolina desde hace poco más de tres años. Una publicación de Enrique Arellano en que da voz a ciudadanos afectados da cuenta de esa y otras irregularidades: 

“He recibido —dice el escrito— múltiples mensajes donde los empleados de la Fiscalía General del Estado de Campeche, se quejan de la falta de insumos en la institución. No hay papel para imprimir, no hay tóners para las impresoras, no cuentan con reactivos químicos para los estudios forenses, no hay gasolina para las camionetas, no hay viáticos, no hay municiones para las armas, en fin, no hay nada.

Nos mencionan que todo el dinero lo controla un funcionario de nombre Hugo Estrella, que fue llevado a la Fiscalía por Renato Sales, el fiscal del amor. Esta persona, dicen, es propietario de diversos inmuebles, controla empresas de mensajería, tiene su despacho contable, lanchas, etc. todo esto en menos de tres años. Este sujeto es el poder tras el trono. 

Mientras, si usted quiere levantar una denuncia, por favor lleve sus hojas y su tóner”.

Y no es novedosa la denuncia, así están las cosas en la Fiscalía desde la llegada de Sansores al poder. La prioridad de esa instancia es dar celeridad a los arrebatos de la anciana mandataria, y por eso es que, por ejemplo, acudieron a un predio atribuido a Moreno Cárdenas, a romper puertas y ventanas para ingresar. Por eso catearon con total abuso de poder, varias casas de amigos y excolaboradores de Eliseo Fernández, y por eso van a dedicar todo su esfuerzo, los escasos recursos que poseen y el resto de gasolina que les entregan, para atender la denuncia que presentó la perversa gobernadora contra TRIBUNA, Telemar, y contra quienes ella supone que la calumnian.

Así es el estilo de impartición de la justicia en la 4T que defiende Layda Sansores, que contradice los postulados de las luchas revolucionarias y de los ideales de su gurú, el tabasqueño López Obrador. Que, como en los gobiernos autoritarios, totalitarios y absolutistas, destinan recursos públicos, tanto pecuniarios como humanos, para satisfacer las ansias de venganza del tirano o tirana que se encuentre en el poder.

No importa que la inseguridad pública aumente cada día más, que las ejecuciones o atentados a balazos contra personas, negocios o domicilios ya sean el pan nuestro de cada día, que la inicial ola de robos se haya convertido en imparable tsunami que daña el patrimonio de miles de familias campechanas, o que miles de personas que acuden a la Fiscalía en demanda de justicia sean ignorados porque la prioridad es atender los expedientes de la nefasta gobernadora Layda Sansores.

Toda la trayectoria que el hoy fiscal, Jackson Villacís, intentó resguardar durante sus años de servicio, han sido echados al bote de la basura porque se ha prestado a las ansias vengadoras de la anciana mandataria. Su antecesor, Renato Sales Heredia, se hastió de las exigencias de su jefa y prefirió renunciar y regresar al anonimato. Más vale solo, que estar al servicio de una loca, fue su principal justificación.

Y qué lamentable que la cuarta transformación que tanto pregonó López Obrador para Campeche no haya transformado si no pervertido el modo como se imparte justicia. Que se haya mandado al diablo a una de las instituciones que estaban para servir al pueblo, y la hayan convertido en una instancia para consumar venganzas personales y revanchas políticas de una gobernadora que todos los días muestra síntomas de total demencia.