EXPEDIENTE | JUSTIFICAN REPRESIÓN CONTRA POLICÍAS

Con sobornos, mentiras y amenazas, la gobernadora Layda Elena Sansores San Román y su querida y criminal amiga Marcela han intentado socavar la manifestación legítima de los policías, que este domingo ajusta 64 días, sin que se avizore en el horizonte la posibilidad de que el conflicto sea resuelto con prudencia, razón y justicia.

Pareciera que Layda Elena es empleada de Marcela, pues no ha dado muestra de capacidad para atender mediante acciones racionales, congruentes y propositivas, el reclamo de los uniformados. La guanajuatense debió ser renunciada al día siguiente que se lo pidió el 95 por ciento de la tropa que estaba bajo su mando.

Pero su corrupción fue cobijada por el manto de su amada y cómplice gobernadora, que le permitió atrincherarse en la Academia de Policía para iniciar desde ahí sus acciones para tomar puntual venganza. Layda Elena no escuchó a su pueblo, evadió tomar una decisión madura, responsable y de buen gobierno.

Lejos de pedirle a su querida amiga que ceda el cargo para resolver el conflicto, Layda Sansores privilegió los intereses de Marcela Muñoz sobre los de Campeche. Por más doloroso que pudo haber sido para ella en lo sentimental, lo afectivo, y quizá hasta en lo político, una decisión como esa habría mantenido el respeto que alguna parte de la ciudadanía le guardaba.

Pero no. Ni la guanajuatense tuvo el valor civil de alejarse de donde no la quieren, y en donde no había dado resultados, ni la senil gobernadora asumió el papel que juró desempeñar “leal y patrióticamente”, y prefirió mantener su caprichosa decisión de no mover a su querida secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana.

El resultado es que llevamos 64 días en una crisis institucional que ciertamente no ha tenido repercusión en seguridad pública, gracias a que los policías sublevados han estado cumpliendo con sus funciones con responsabilidad y entrega, pese a que les han cortado el suministro de combustible, suspendido el pago de sus salarios o han sido cesados arbitrariamente por una “Comisión de Honor y Justicia” que curiosamente controla la criminal Marcela Muñoz.

De poco o nada han servido los amparos obtenidos por los policías. La represión del nefasto Gobierno de Layda Sansores contra ellos, que cínicamente niega, al mismo tiempo que ordena que se les castigue y suspenda, se ha recrudecido cada día que pasa, añadiéndole sin recato, pudor, ni vergüenza, el uso de recursos públicos para sobornar a los sublevados y obligarlos a regresar.

Esta semana, por ejemplo, uno de los ‘cabecillas’ del movimiento, de nombre Eduardo “El Chetos” Navarrete Ávila, a quien la gobernadora Layda Sansores acusó públicamente de acosar mujeres y maltratar, corromper y extorsionar a la ciudadanía, se reincorporó a la tropa al servicio de Marcela, luego de un generoso cañonazo de al menos 50 mil pesos, y la promesa de “limpiar” su expediente.

Así, con ese cinismo, con esa arbitrariedad y esa prepotencia operan la goberladrona Layda y su jefa Marcela Capone. Es su estilo de trabajar, y su única propuesta para resolver el conflicto. Comprar o alquilar lealtades para ponerlas al servicio de la inútil, criminal y negligente guanajuatense.

Según testimonios, la reunión para concretar la sumisión fue en la Unidad Deportiva “Leandro Domínguez”, donde El Chetos y nueve elementos más recibieron cada uno 50 mil pesos y la promesa de dejar limpio su historial laboral, a cambio de pedirle perdón a la guanajuatense.

A Layda Elena no le importa haber difamado al Chetos, al recordarle que tiene una demanda por secuestro exprés, y otros abusos policiacos. Tampoco que agentes identificados con Roberto “La Chachalaca” España Chan, Roberto y Manuel “La Bruja” García Quen, entre otros, también tengan un historial no del todo pulcro. Lo importante era que regresen al redil y con ello les perdonen sus pecados. Algo similar a cuando un priísta, panista o perredista corrupto se afilia a Morena. ¿Creerán que con un baño de asiento se les quitará la inflamación de las almorranas?

Pese a ello, los demás elementos sublevados, principalmente las “mujeres valientes”, han ratificado que se mantendrán en pie de lucha y que sigue siendo innegociable la exigencia de que se vaya Marcela y sus cinco jefes policiacos, pues todos ellos están amafiados con la delincuencia organizada. Es secreto a voces.

La ciudadanía ha mantenido también el respaldo al movimiento, de manera que es un hecho que llegaremos al día de las votaciones con este conflicto en punto álgido y como referente importante para tomar una trascendental decisión en las urnas. ¡Fuera Layda! ¡Fuera Marcela!