Avanza privatización de terrenos ejidales

EN 30 AÑOS PASARON A PROPIEDAD PRIVADA MÁS DE 300 MIL HECTÁREAS

Disfrazados como contratos de usufructo, sociedades de inversión o mediante tácticas legaloides como el avecindamiento ilegal para que foráneos se hagan pasar como ejidatarios y reciban sus dotaciones de tierras, en Campeche han ‘privatizado’ en las últimas tres décadas entre 300 mil y 500 mil hectáreas, alrededor del 17 por ciento de los dos millones 938 mil 329 hectáreas que poseen como propiedad social los 385 ejidos de la entidad.

Uno de los ejemplos emblemáticos es el de Lerma. Perdió más de nueve mil hectáreas mediante diversas tácticas, que fueron desde el ‘avecindamiento ilegal’ en que personas foráneas fueron ‘reconocidas’ oficialmente como ejidatarios por la asamblea general, lo que les dio derecho a recibir tierras para trabajar, hasta el soborno, las amenazas o como último recurso, el despojo.

En Lerma cada ejidatario recibió estímulos económicos para aceptar el trato de ceder sus tierras, pero también han ocurrido tácticas similares para proyectos eólicos, cambio de uso de suelo para incrementar la superficie dedicada al cultivo de soya y palma africana principalmente, o bien para la explotación maderera disfrazada como “proyectos de conservación forestal”.

Hasta el último día de su muerte, Pedro Celestino May Can, líder de un grupo de ejidatarios disidentes del ejido Lerma y dirigente del Movimiento Campesino “Tierra y Justicia”, luchó por más de 13 años para revertir el despojo. Promovió al menos seis juicios para recuperar parte de lo que se apropiaron empresarios como Carlos Mouriño o políticos como Javier Duarte, exgobernador de Veracruz.

Este caso fue emblemático, porque a los ejidatarios les ofrecieron en 2008 unos 300 mil pesos por comunero, camionetas de lujo, departamentos y dinero en efectivo para aceptar el parcelamiento del ejido, como el inicio de lo que posteriormente fue una venta disfrazada de nueve mil 685 hectáreas, que incluyen las 100 hectáreas donde se construyó el desarrollo inmobiliario Campeche Country Club.

Fue un negocio muy lucrativo, pues los empresarios compraron cada metro cuadrado en 40 centavos, y lo revendieron en 288 dólares.

Antes de morir en 2021 a causa del cáncer, Pedro Celestino May Can logró recuperar 630 hectáreas tras varios años de litigio. Su meta fue que le devolvieran al ejido las nueve mil hectáreas restantes, pero la muerte le ganó la batalla y desde entonces, los inversionistas que adquirieron esas tierras mediante argucias legaloides, ya respiran en paz.

MÁS CASOS

Otro despojo similar ocurrió en el ejido Xmabén, Municipio de Hopelchén, donde en 1990, 21 menonitas, lograron ser considerados como avecindados y después como ejidatarios, y en tal condición les concedieron cinco mil 656 hectáreas para usufructo por un lapso de 30 años. Los menonitas se separaron del ejido y crearon un nuevo asentamiento, denominado Nuevo Durango.

Otra manera de despojo a los ejidatarios es mediante contratos de usufructo, uno de los cuales llevó al ejido San Nicolás, Municipio de Calkiní, a que unas 400 familias perdieran en 2017 la totalidad de sus cinco mil 130 hectáreas que cedieron para un proyecto de energía eólica con la empresa Vive Energía, de la Compañía Eléctrica del Valle de México.

Les prometieron hacerlos socios y darles una indemnización inicial de 25 mil pesos, que aumentaría cada año, pero el proyecto nunca se realizó, no se ha vuelto a saber de los empresarios, y sin embargo los ejidatarios ya no poseen tierras.

Entre los ejidos que han cedido sus tierras a proyectos de inversión destacan Bolonchén, con más de 73 mil hectáreas; Hopelchén con 77 mil; Xbacab, Municipio de Champotón, con unas seis mil; Champotón 10 mil; San Nicolás, Calkiní, 5 mil 100; Tenabo 58 mil, y Pomuch con cerca de 85 mil hectáreas de sus ampliaciones forestales.

En noviembre se resolverá si el ejido Hopelchén cede a la Fundación Alí otras 100 mil hectáreas de sus ampliaciones forestales.

Dejan sin futuro a las nuevas generaciones

Álvaro Fuentes Mena, excoordinador de la agrupación ambientalista Kakuxtal Much’Meyal, A.C., y actual representante de la Red Mayense de Guardianes y Guardianas de Semillas de la Península de Yucatán y Chiapas, cuestiona estos procesos de compraventa de tierras y advierte que están dejando a los jóvenes ejidatarios sin patrimonio y sin futuro.

“¿Causas? —cuestiona— hay varias. Sea por acciones o por omisiones del Estado. Pienso que la perspectiva tiene que ser ¿qué es lo que mueve al Estado? —y se responde— la economía, y la que se está impulsando desde el Estado es una economía capitalista, que está fundamentada principalmente en la explotación de los recursos, y mientras ese tipo de economía no cambie, la situación va a proseguir”.

Agrega: “Seguimos viendo cómo empresarios nacionales, locales y menonitas, gente de las mismas comunidades, empresarios mayas, etcétera, están generando las condiciones para que este tipo de explotación se siga dando, y mientras el Estado siga impulsando la economía capitalista, esta explotación va seguir”.

Fuentes Mena lamenta que no haya regulación en este proceso de desincorporación de la propiedad social. Las pocas que habían impedido esta privatización de los ejidos cambiaron desde la modificación del artículo 27 de la Constitución, sobre todo las pérdidas del arraigo con la tierra o del arraigo comunitario, en que la tierra se convierte en un producto más. Y las autoridades agrarias no intervienen, o lo hacen a favor de los empresarios.

Antes en las comunidades mayas escuchábamos a nuestros mayores decir: La tierra no se vende, la tierra es sagrada, la tierra es nuestra herencia, la tierra es nuestro patrimonio, la tierra es nuestro legado, pero hoy esos principios y esos valores comunitarios se han ido perdiendo y se han ido dejando espacios a esta perspectiva económica monetarista, y los programas públicos han abonado y siguen abonando mucho a estas perspectivas.

Por ejemplo, Sembrando Vida, abundó, que ha causado deforestación y parcelamiento de los ejidos, lo que facilita su privatización, entre otros. Todo gira alrededor del dinero y no de la tierra como patrimonio.

Admitió que estas asociaciones entre ejidatarios y empresarios nunca terminan bien para los ejidos. Sucedió con Xmabén, donde se asociaron con menonitas, a quienes convirtieron en ejidatarios, y está pasando también en otros ejidos, en donde hacen ejidatarios a los empresarios y al final se terminan quedando con la tierras.

Es una forma de asociarse con los empresarios, sea a través de una inversión, como sucedió en Bolonchén, o a través de una compra de tierras, como está sucediendo en Hopelchén, o el hecho de que los ingresen como ejidatarios, y eso es terrible.

Es una situación totalmente contraproducente que pone en riesgo el patrimonio de nuestra generación.

Hay muchos jóvenes que están estudiando que quieren seguir trabajando la tierra, y que no lo van a poder hacer, porque toda su tierra está pasando a manos de particulares, aseveró.

Deforestan para sembrar soya, pero también están vendiendo la ampliación forestal de Calakmul a unos empresarios. Lo vende el ejido de Hopelchén, son 100 mil hectáreas de la ampliación forestal que proyectan vender a la Fundación Alí.

Aunque supuestamente les están pagando bien a los ejidatarios —300 mil pesos a cada uno— ¿cuánto es ‘está bien’? ¿Cuánto es un ‘buen precio’? Es el patrimonio de la juventud que se quedará sin tierras. Tantas generaciones que ya no van a tener tierras para trabajar, y pienso que no hay dinero que pueda pagar eso, advirtió.