Las imágenes circularon profusamente en las redes sociales de TRIBUNA, Telemar y otros medios digitales: un grupo de elementos policiacos ingresa a un área reservada dentro de las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, descubren un centro de espionaje con equipos sofisticados para escuchar a los campechanos.
Los empleados que estaban asignados en el sitio salen huyendo despavoridos y escapan por las bardas del patio trasero.
Cualquiera habría pensado que se trataba de un montaje para empeorar la situación de la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, pero no. Fueron hechos reales descubiertos durante la histórica sublevación policiaca del pasado 16 de marzo del año en curso.
No se trata pues, de un hallazgo cualquiera. Es un descubrimiento que debiera ser trascendental para el futuro de esta Administración Estatal y para el presente de quien operaba ese centro de espionaje, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez.
Ya se sabía de su red de espías que se infiltran en medios de información, o que se disfrazan de periodistas para acosar, investigar y hostigar a periodistas o a políticos opositores. Su equipo de investigación interna hostigó a los integrantes del gabinete de la gobernadora. Iban y tomaban fotos a sus viviendas, negocios, automóviles, familiares, lugares donde estudian sus hijos etcétera.
¿Para qué deseaba Marcela toda esa información? ¿Y para qué quiere el centro de espionaje? ¿A quiénes y por qué los espía?
Eso debió responder cuando compareció ante los diputados, pero en todo momento le dio la vuelta al tema. No respondió porque seguramente no tiene qué responder. Es un delito espiar e infiltrarse en los equipos de comunicación de los ciudadanos, por eso ella, Marcela, debe ir a la cárcel. No basta con ser destituida.
Le haría un favor a la gobernadora al atribuirse ella todas las culpas del espionaje contra los campechanos, a pesar de que ya todos sabemos que gran parte de los resultados de su espionaje, lo presentaban en el programa “Martes del Jaguar” como si fueran filtraciones.
Hasta para mentir son pésimos, pero estamos ante un delito grave por el que debe responder la gobernadora y por el que también ella debería renunciar. Es una vergüenza su Gobierno.
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