Tal y como se veía venir, las acusaciones temerarias de Rafael Alejandro Moreno Cárdenas contra sus correligionarios, a quienes responsabilizó del asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta y de haberse beneficiado con el Pemexgate, trajeron consecuencias inmediatas.
El pasado fin de semana casi todos los medios lo tundieron duro y bonito, recordándole, entre otras cosas, que tiene investigaciones pendientes en la Fiscalía General de la República (FGR) por desviar más de cuatro mil millones de pesos cuando fue gobernador de Campeche.
Francisco Labastida Ochoa, uno de los beneficiarios del escándalo del Pemexgate, y el hombre que pasó a la historia por haber acabado con los casi 80 años de gobiernos del PRI en la Presidencia de la República, tras su derrota ante el panista Vicente Fox Quesada, sostiene que la campaña interna de Alito por la dirigencia nacional del tricolor, le costó 300 millones de pesos, mismos que sustrajo de las finanzas del Gobierno de Campeche, con la complicidad de su sucesor interino, el paliceño Carlos Miguel Aysa González.
El diario Reforma documentó la trayectoria personal de Moreno Cárdenas desde que era un mozalbete —“Vandalito” le dicen sus amigos— con muchas ambiciones y estimó que su fortuna personal, producto eminentemente de la corrupción, rondaba entre los cuatro y los seis mil millones de pesos. También recordó su afición por los autos caros y sus extravagancias muy propias de quien se hace rico de la noche a la mañana y no por las vías honestas.
Otras publicaciones le recordaron también que desde el 27 de abril fue denunciado ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de la FGR por el diputado morenista Miguel Prado de los Santos por diversos delitos, entre otros, desvío de recursos públicos por tres mil 941 millones 744 mil 886 pesos cuando fungió como gobernador de Campeche.
Resulta muy larga la lista de delitos en su contra, porque también es acusado de probables actos de tráfico de influencias, desvío de fondos federales y corrupción, lavado, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, peculado, uso ilícito de atribuciones o facultades y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Las publicaciones de los días recientes han documentado el pasado tormentoso, sucio y hediondo de quien hoy pretende erigirse como paladín contra la corrupción, como el priísta que ese partido necesita para contrarrestar esa fama pública que le pesa al tricolor por su pasado de crímenes, escándalos, nepotismo y mucha, pero mucha corrupción.
¿Cuál fue la respuesta de Moreno Cárdenas a las publicaciones en su contra? Acusó que las voces disidentes que piden su dimisión “quieren un PRI de rodillas ante un Gobierno autoritario”; que detrás de “la campaña nacional de difamación” contra él están “los mismos de siempre, los que han destruido al partido, los que quieren poner al PRI al servicio del Gobierno”.
Y por si eso no fuera suficiente, se fue más a fondo: “No podemos permitir que en este clima de violencia que hay en el país, gente incluso del PRI, que trabaja a favor del Gobierno, que están vinculados al crimen organizado, quieran llegar a la Cámara de Senadores. No lo vamos a permitir, no vamos a dejar que el crimen organizado llegue a las Cámaras”.
Debe entonces Moreno Cárdenas dejar a un lado sus dotes de parlanchín y presentar ante la FGR la lista de nombres de senadores priístas “vinculados al crimen organizado”. Teniendo en cuenta que fue el propio Alito quien palomeó la lista de candidatos, habría complicidad suya para que esa gente mafiosa obtenga fuero senatorial. Si se trata de gente de otros partidos, y el exgobernador campechano tiene pruebas pero no denuncia, también sería cómplice. Qué locura.
Lo cierto es que Alito se está quedando solo. Tal vez en estos momentos, los tres 200 asambleístas que el pasado 7 de julio validaron como borregos las propuestas reeleccionistas de Moreno Cárdenas y aprobaron reformar los estatutos, se hayan arrepentido y ya no lo apoyen incondicionalmente en sus aspiraciones de perpetuarse en el cargo.
Por lo pronto, los acuerdos adoptados en esa asamblea se encuentran en el aire. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analiza más de seis impugnaciones en contra de los acuerdos del Consejo Político Nacional del PRI que buscan permitirle a Alejandro Moreno mantenerse al frente del partido. Aún se espera también la postura oficial del INE ante la decisión de los priístas leales a Alito, pues sus normas prohíben la reforma de estatutos en tiempos electorales, o sea, es muy factible que la rechacen.
En este contexto, podemos decir que la propuesta de Moreno Cárdenas para ajustar los estatutos del PRI de acuerdo a sus muy particulares intereses, está en el limbo, pero él en lo personal se encuentra solo en el más cruel de los infiernos.
Su escasa reputación ha sido masacrada con documentos que prueban de manera fehaciente que carece de autoridad moral para erigirse como ese “único priísta” que puede luchar contra el “autoritarismo” del Gobierno de López Obrador y de su sucesora Claudia Sheinbaum.
Por el contrario, Alito se encuentra en una posición tan, pero tan endeble, que cuando la FGR decida procesarlo penalmente y solicite su desafuero, esta vez sí podrá proceder, porque tendrá hasta el respaldo de esos diputados federales y senadores priístas que se sienten traicionados por las exageradas ambiciones del exgobernador campechano.
No debemos olvidar que Layda Sansores lo aborrece, y que tal vez en agradecimiento a su servilismo reciba como obsequio de López Obrador antes de partir la cabeza de éste. Lo cierto es que Alito solito se metió a la cueva del lobo, y va ser casi imposible que salga sin rasguños de ese laberinto. No falta mucho para ver el desenlace.
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