Expediente | Consejeros electorales, ¿traicionan al pueblo?

La alianza de los consejeros electorales estatales y representantes de algunos partidos para “reventar” a la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche (IEEC), Lirio Guadalupe Suárez Améndola, renunciarla, e invocar la intervención del Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar los comicios del 2024, tuvo aristas contrarias al avance democrático.

De entrada, vale la pena reiterar lo que ya hemos escrito en este espacio en ocasiones anteriores. Las pugnas, las diferencias aparentemente irreconciliables, el pugilato cotidiano y la obstrucción intencional a la buena marcha de los trabajos en el IEEC, por parte de los “consejeros rebeldes”, no tiene en absoluto nada que ver con tintes democráticos.

Los consejeros electorales Juan Carlos Mena Zapata, Fátima Gisselle Meunier Rosas, Abner Ronces Mex, Clara Castro Gómez, Danny Alberto Góngora Moo y Nadine Abigail Moguel Ceballos, habían perdido algunos privilegios que anhelaban recuperar, y sabedores que en el Consejo General nada se aprueba si no es con el voto mayoritario, se oponían a las propuestas de la consejera presidenta, y la obligaron muchas veces a retractarse.

En esta ocasión el conflicto estalló por el retraso en la liberación de las prerrogativas —dinero público que se va a las finanzas de los partidos—, por el adeudo de más de 29 millones de pesos que mantiene el IEEC con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que embargó y congeló las cuentas de donde se toma el dinero que se otorga a los partidos.

Denunciaron los dirigentes partidistas incapacidad, cerrazón y autoritarismo de Suárez Améndola, y de manera particular, el representante del PAN, César Martín Ehuán, expuso que “atenta contra el sistema de partidos diseñado y contemplado constitucionalmente, que podría derivar en un proceso electoral fallido”.

Por eso pidió al INE “tomar cartas en el asunto, a fin de que con sus facultades constitucionales analice la situación particular del IEEC y determine cuáles son las medidas de reparación inmediatas y urgentes, para garantizar un proceso electoral con piso parejo, y que los campechanos puedan elegir a sus autoridades de manera libre y transparente”.

Qué extraño que sea el PAN el que solicite la intervención del INE. Se supone que ese partido es acérrimo adversario del Gobierno de López Obrador, ya que si le escarbamos tantito, veremos que su propuesta se asemeja bastante a la de desaparecer a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES por sus siglas), para crear el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, cuyos integrantes, así como los del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, serían electos por voto popular.

Eso supondría —según la fallida propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador y Morena— la desaparición del Instituto Nacional Electoral, los Organismos Públicos Locales Electorales y los tribunales estatales electorales, para regresar a ese viejo régimen centralista que tan bien le funcionó al viejo PRI, y le permitió perpetuarse por más de ocho décadas con el poder absoluto.

Si los legisladores federales del PRI, PAN, PRD y sus aliados se opusieron en bloque a la reforma electoral del presidente López Obrador, ¿por qué los representantes de esos partidos en Campeche están apoyando que la fallida reforma electoral se implemente de facto, y que vayan desapareciendo los OPLES? 

¿La alianza del PAN con Morena, que existe desde hace dos años en el Congreso, ya se extendió hacia el Instituto Electoral, para hacer el trabajo sucio? Morena no lo hace para no exhibirse, pero se ven sus manos detrás de las acciones panistas.

Nótese que los gobiernos morenistas han reducido los recursos presupuestales a los institutos electorales, para tenerlos controlados y amordazados, y ahora al parecer están operando a través de los vendidos representantes partidistas, para debilitar a la autoridad electoral estatal y ceder el control al INE, que está en “manos amigas” del presidente López Obrador y Morena.

Es cierto, en el Instituto Electoral del Estado de Campeche hay un desbarajuste financiero, pero no olvidemos que así lo dejó la anterior presidenta Mayra Fabiola Bojórquez González, que pasó a la historia como facilitadora del triunfo de Morena en Campeche, y “casualmente” se ha convertido en asesora de ese partido, en su conferencista estrella y protegida legal.

Por esa razón, a pesar de denuncias y evidencias por desfalcar al IEEC, no se ha solicitado ninguna “ficha roja” a la Interpol para localizarla y aprehenderla. No la tocan ni con la hoja de un citatorio.

Suárez Améndola ha dicho que al iniciar su administración encontró una deuda de casi 113 millones de pesos, de los cuales 14 millones eran al IMSS y a los partidos poco más de tres millones, y la Secretaría de Administración y Finanzas (Safin) ministró tres millones adicionales para complementar el pago a los institutos políticos, pero se canalizaron al SAT por el Impuesto Sobre la Renta.

En abril de 2022 se realizó el primer bloqueo a las cuentas del IEEC por instrucción de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) por cuestiones de embargo. Con un convenio con el IMSS se liberó la cuenta. El adeudo por cuotas obreros-patronales de 2016 a 2021 correspondía a más de 28 millones 600 mil pesos, lo doble a lo registrado en la cuenta pública.

En mayo fue bloqueada otra cuenta. Se intentó buscar un convenio, pero el IEEC no tenía los recursos y contrató un abogado fiscalista para la defensa legal y negociar los adeudos. Al primer semestre de este año el monto retenido era de casi siete millones de pesos y actualmente solicitan 11 millones, que suman 18 millones, que no tiene el órgano electoral.

A los partidos, hasta mayo del año pasado les debían cinco millones de pesos, y en septiembre ya rebasan los 11 millones, incluidos los que perdieron el registro en el 2021. Y es aquí donde la puerca torció el rabo, pues a nadie le gusta que se metan con su bolsillo, y los partidos han perdido varios millones de pesos como consecuencia de la irresponsable administración de Mayra Fabiola, que, esa sí, tenía el respaldo absoluto de los seis “consejeros rebeldes”, pues les permitía disfrutar de privilegios, canonjías y todo tipo de prebendas.

Qué bueno que los partidos políticos y los consejeros rebeldes se unan por una causa, que es el rescate de su dinero. Pero también deberían aprovechar esa conjunción de esfuerzos para exigirle a la Fiscalía que proceda contra Mayra Fabiola, y explique a dónde fueron a parar esos millones de pesos desaparecidos, que tienen en severos aprietos financieros no sólo al IEEC, sino a los partidos, que no reciben sus prerrogativas mensuales.