Expediente | Juzgado cívico, otro centro de extorsión

Desde mediados de esta semana se puso “en servicio” el primer Juzgado Cívico que opera en la entidad, el cual se encargará de imponer sanciones, multas y hasta penas corporales, a quienes la Policía Estatal descubra cometiendo faltas administrativas, o violentando el Bando de Policía y Buen Gobierno.

De entrada, los campechanos debemos estar conscientes que más que combatir a la alta incidencia delictiva que se ha apoderado de la entidad, gracias a la complicidad de la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez y sus esbirros foráneos, ese Juzgado Cívico busca incrementar el monto de las recaudaciones de las corporaciones policiacas, y claro, multiplicar sobornos, cochupos y mordidas de los elementos de esa corporación.

De entrada se contemplan multas que van desde 520 hasta dos mil 80 pesos, así como arresto de 24 a 36 horas o trabajo comunitario, a quienes sean descubiertos incurriendo en diversas faltas. Por ejemplo, si provocan humo molesto por quema de basura, si realizan sus necesidades fisiológicas en la vía pública, si no recogen las heces que sus mascotas dejan en la vía pública, si incurren en “cualquier tipo de discriminación”, etcétera.

A ello súmele cualquier infracción a las leyes de tránsito —pasarse un alto por ejemplo— o la carencia de alguna documentación como licencias de manejo, adeudos por refrendo o cambios de placa o conducir con leve aliento alcohólico.

Por eso es que la ciudadanía campechana ha reaccionado con fuerte rechazo a la puesta en funcionamiento de ese “Juzgado Cívico”, o como se le ha bautizado, al “Torito campechano”, que seguramente estará repleto todos los fines de semana, con personas con aliento alcohólico.

A todo esto habrá que agregar el conflicto jurídico por la entrada en operación del tal Juzgado Cívico, pues de acuerdo con el artículo 96 de la Ley de Justicia Cívica para el Estado de Campeche, “los Ayuntamientos tendrán a su cargo el ejercicio de la Justicia Cívica, de conformidad con el inciso h) de la fracción III del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

“Cuando algún Ayuntamiento esté imposibilitado para prestarla, por razones económicas o administrativas, podrán celebrar convenios para que el Estado asuma la prestación total temporal de la Justicia Cívica, de manera directa o a través de la Secretaría, dependencia o entidad correspondiente; o bien, podrán celebrar el convenio en el que se pacte la prestación coordinada de la Justicia Cívica por el Estado y el Municipio”.

El artículo 89 indica que “las y los Jueces serán nombrados y removidos libremente por la o el presidente municipal y desempeñarán su encargo por un periodo de tres años, pudiendo ser reelectos hasta por tres ocasiones”.

Ya vimos que la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana, la guanajuatense Marcela Muñoz Martínez, no sólo no firmó ningún convenio con el Ayuntamiento para hacerse cargo del Juzgado, sino que de manera arbitraria y prepotente designó como juez cívico a un elemento policiaco de nombre Gerardo Andrés Pavón Casas, comisionado hasta hace unos días en el área de Asuntos Internos. ¿Tiene experiencia en el tema? No. ¿Es incondicional de Marcela? Sí, Y seguramente que su prioridad será velar por los intereses de su jefa.

En redes sociales le dijeron a la guanajuatense que de ese Juzgado Cívico saldrá el dinero para pagar la fastuosa boda de uno de sus hijos, en que la idea es “tirar la casa por la ventana”, pero con el dinero de los campechanos.

Es de esperarse que la Comuna campechana combata jurídicamente ese agandalle de la guanajuatense Marcela Muñoz. La ley es muy clara sobre en manos de quién debe estar el Juzgado Cívico, y aquí no valen los reclamos respecto de quién construyó o adecuó el edificio para su funcionamiento, sino a quién le corresponde su operación de acuerdo con las leyes vigentes.

Nadie se equivoca cuando asegura que el objetivo de Marcela es aumentar la recaudación por las faltas administrativas o viales de los campechanos. No sólo eso. A través del subdirector de la Policía Estatal, Antonio Saradán Solís, mantiene bajo amenaza a los elementos policiacos, para que diariamente cubran una cuota de remitidos a los separos.

Las órdenes y/o amenazas las divulgó en los equipos de radio el comandante Róger Saavedra Díaz, y si no se cumple con la cuota mínima, el sancionado será el agente policiaco.

Para eso servirá entonces el rimbombante Juzgado Cívico. Una instancia más para extorsionar a los campechanos, para despojarlos de su dinero por cualquier pretexto balín, y para mantener siempre amenazante una guillotina más para los compañeros periodistas inscritos en la lista negra por el Gobierno sansorista por su postura crítica y su cobertura incómoda a los eventos de esta Administración.

Un arma letal más para los enemigos políticos de este régimen, bajo el cual crece estrepitosamente la delincuencias organizada. Decenas de atracos a comercios y transeúntes se cometen en territorio campechano y los abigeos se han convertido en el principal enemigo de los productores y las autoridades, que lejos de frenar estos hechos delictivos, les brindan protección.

Una extorsión más de este Gobierno caprichoso, que no deja de golpear la economía de los campechanos.