Gobierno Estatal violentó la dignidad de Alejandro Moreno

Que investigue y pruebe conforme a la ley, exige Ricardo Medina Farfán

El Gobierno del Estado ha violentado la dignidad del líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rafael Alejandro Moreno Cárdenas; sus derechos personales y humanos; hechos que se han constituido de forma denigrante, afirmó el coordinador parlamentario priísta, Ricardo Miguel Medina Farfán.

Y subrayó que si la gobernadora Layda Elena Sansores San Román presume de responsabilidades ilícitas, que investigue y las pruebe, pero conforme a la ley, no utilizando estrategias mediáticas.

“La ley debe de aplicarse de forma correcta, no arbitrariamente, ilegalmente, pasando por encima de todo proceso o procedimiento con el afán de ser juez y juzgador, violentando todos los procesos conforme lo marca la ley”.

Así lo externó el coordinador del grupo parlamentario del tricolor al ser cuestionado en torno a las acusaciones vertidas en contra de su dirigente nacional, Moreno Cárdenas, tras el pasado “Martes del Jaguar”.

E indicó que tras ser suspendida la difusión de audios obtenidos de manera ilegal por la gobernadora Sansores San Román, derivado del amparo cedido por el Juzgado de Distrito Federal, todo proceso legal debe seguir los canales y cauces correspondientes. La respuesta del Tribunal del Poder Judicial de la Federación es un precedente importante en torno a los hechos en los que Moreno Cárdenas ha sido vinculado.

Del presunto audio atribuido a Moreno Cárdenas, en el que supuestamente involucra a una comunicadora local, Medina Farfán dijo ser respetuoso de las mujeres.

Y ante la insistencia de si debe o no procederse legalmente contra el dirigente nacional priísta, precisó que todo acto que se considere debe ser investigado conforme a la ley, no de manera ilegal, violentando todo proceso, porque tal parece que el sentido del Gobierno y de las autoridades actuales es precisamente intimidar, atemorizar y violar los debidos procesos.

Luego de que la gobernadora Layda Sansores negó haber sido notificada, consideró que el desacato fue evidente, ya que en todo momento se bloqueó el acceso al personal actuario para la entrega del documento, así como de los legisladores que acudieron a verificar la falta de respuesta de la autoridad local.