Investigan el caso de abejas muertas tres instituciones

La Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales, Medio Ambiente y Ecosistemas abrió una carpeta de investigación por la muerte de las abejas en comunidades de Hopelchén.

En conjunto con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Instituto de Investigaciones en Ecología, Pesquerías y Oceanografía (Epomex) se harán 25 tomas de agua en diferentes pozos cercanos a campamentos apícolas de los menonitas, donde se sabe que se utiliza el glifosato y otros agroquímicos.
El fiscal Alexandro Brown Gantús explicó que iniciaron una carpeta de investigación el 28 de marzo.

Personalmente se comunicó con la Comisaría de la comunidad de Crucero Oxá para invitar a los apicultores a acercarse a la Fiscalía para tomar sus declaraciones, para que sean parte de las investigaciones. Por alguna situación no habían podido venir, reprogramaron su visita en varias ocasiones y hasta ahora no se han acercado a la Fiscalía a interponer la denuncia.

Sin embargo, ya tienen avanzada esta investigación y en convenio con Conagua se harán 25 tomas de agua en diferentes pozos de Hopelchén, sobre todo en donde estén los campamentos agrícolas de los menonitas, porque se sabe que han estado utilizando glifosato y otros agroquímicos en grandes cantidades, por lo que están seguros que esto es lo que afectó a las abejas.

El glifosato daña gravemente al medio ambiente, los ecosistemas, la vida silvestre y al ser humano. Indicó. Solicitamos estudios a Epomex, y tenemos conocimiento que ya encontraron glifosato en agua, incluso en la orina de menores de edad en Hopelchén, por lo que no es solamente un problema ambiental sino de salud pública. Es cancerígeno y ha causado graves problemas de salud en otras ciudades del mundo, sostuvo.

Brown Gantús invitó a los apicultores, e incluso al diputado Ricardo Miguel Medina Farfán, a que se acerquen a la Fiscalía Especializada en Delitos contra los Animales, Medio Ambiente y Ecosistemas, para que sean parte de la denuncia.

El uso de glifosato el próximo año debe quedar prohibido por completo, pero actualmente hay una medición de la cual no se pueden pasar, y si sobrepasa se aplican sanciones administrativas y penales, por el daño a los ecosistemas.

Eso es lo que a nosotros nos compete, mporque conlleva incluso a penas corporales, y estamos en la investigación para poder vincular a la empresa que vende estos productos, para solicitar la reparación del daño económico y ecológico, afirmó.