En un controvertido movimiento, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó por mayoría, con 22 votos a favor y 18 en contra, la reforma impulsada por el presidente López Obrador que formaliza la incorporación de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La reforma no solo consolida la presencia militar, sino que también amplía su alcance al incluir personal de origen naval en las filas de la GN.
Esta reforma plantea varios puntos clave:
· Definir a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública, pero con personal de origen militar.
· El titular de la Guardia Nacional será designado por la Presidencia a propuesta del titular de Sedena.
· La Sedena manejará el presupuesto de la Guardia Nacional.
· La Guardia Nacional estaría bajo el mando de la Sedena para implementar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, misma que sería diseñada por la Secretaría de Seguridad.
· Los miembros de la Guardia Nacional solo podrían ser juzgados por tribunales militares.
· La Guardia Nacional también podría realizar labores de investigación.
· El personal militar y naval que pase a la Guardia Nacional dejará de ser parte de la fuerza armada de origen, pero se les respetarán sus derechos laborales.
· El personal de la extinta Policía Federal será cesado de la Guardia Nacional y pasará a la Secretaría de Seguridad.
· El Congreso estaría facultado para crear una Ley de Seguridad Interior que regule la participación del Ejército, Marina y Fuerza Aérea en temas de seguridad pública.
· Se abre la puerta para permitir que los militares puedan desempeñar más funciones ajenas a la disciplina militar en tiempos de paz, diluyendo los actuales límites constitucionales.
Los diputados de oposición advirtieron sobre las posibles consecuencias de esta reforma. Afirmaron que no solo debilita al Ejército, al integrar a gran parte de sus efectivos a la GN, sino que también deja sin capacidad operativa al próximo secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Rubén Moreira, coordinador del PRI, lamentó la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y solicitó aplazar la discusión hasta noviembre.
En contraste, Gerardo Fernández Noroña (PT) defendió la reforma, asegurando que García Harfuch tendrá un papel relevante en la coordinación de la seguridad, incluso con la participación de las fuerzas armadas.
El dictamen será enviado a la Mesa Directiva para ser votado por la próxima legislatura que inicia en septiembre.
¿Se está fortaleciendo la seguridad pública o dando un paso hacia la militarización de la seguridad en México?
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