VOTAR POR LA IMPUNIDAD

Entregarle todo el poder absoluto al régimen gobernante es empezar a pavimentar el camino que tarde o temprano nos llevará al totalitarismo y de ahí a una dictadura de facto…

El gran debate nacional que ha paralizado prácticamente el rubro de la justicia federal, tiene que ver con la gran reforma judicial que impulsan Morena y sus aliados, y que el Presidente López Obrador y sus corifeos apoyan como el “Plan C”, para que en nuestro país se diluya la tesis de una real división de poderes.

Ya vimos que el Poder Legislativo ha estado supeditado históricamente al Presidente de la República, no solo en estos casi seis años de la llamada 4T, sino desde siempre. Los diputados y senadores acatan sumisamente las instrucciones del Ejecutivo federal, y las legislaturas locales siempre han estado  a la orden de sus respectivos gobernadores (as).

Por eso es indispensable defender la permanencia de un Poder Judicial independiente, que de verdad funja como contrapeso no solo de los abusos, excesos o arbitrariedades en que pudiera incurrir el Presidente de la República, sino cualquier otra autoridad, ciudadano o institución. Entregarle todo el poder absoluto al régimen gobernante es empezar a pavimentar el camino que tarde o temprano nos llevará al totalitarismo y de ahí a una dictadura de facto.

Los campechanos hemos constatado en estos tres años de pésimo Gobierno de Layda Elena Sansores San Román, lo que es la concentración de los poderes en una sola persona. Aquí, diputados, jueces y magistrados, están a la orden de la veleidosa, vengativa y rencorosa mandataria que se ha pasado la mitad de su periodo gubernamental persiguiendo a sus opositores y tratando de anularlos políticamente.

El caso de Alejandro Moreno Cárdenas, con todo lo corrupto, arbitrario y farsante que pueda ser, ejemplifica lo anterior. Lo mismo que el de Eliseo Fernández Montufar, quien ciertamente cometió abusos e irregularidades durante su periodo gubernamental y por los cuales deberá pagar tarde o temprano, pero a quien no persiguen por la comisión de delitos, sino por el peligro político que le representa a Layda Sansores y a su partido.

Si se tratara de sancionar a los alcaldes que cometieron irregularidades, desvíos multimillonarios y todo tipo de corruptelas, el carmelita Pablo Gutiérrez Lazarus ya debería estar en la cárcel, pero no, la corrupta gobernadora Sansores lo presenta en sus redes sociales como “el mejor alcalde del país”, solo porque una encuestadora (solamente una, que por cierto no es la más creíble) le concedió la más alta calificación de entre otros ediles evaluados.

Pablo enfrenta un proceso en los tribunales electorales que podría derivar en la anulación de su elección. Por eso necesita del respaldo de la mitómana gobernante. Y para eso, a todo Morena le urge que se apuren con lo del “Plan C” para que ya no exista el riesgo de que la justicia enderece lo que la política desvía.  ¡Vaya que Sansores será una de las más beneficiadas en caso de que prospere esa aberrante reforma!