Expediente: 23 de julio de 2023

INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL

México es un país de instituciones y de muchísimos funcionarios decididos a la prevalencia de la ley, el derecho y la justicia. Una muestra de independencia nos la acaba de dar La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Es lo que otorga confianza y seguridad a la sociedad y conduce a la credulidad, que no debe perderse nunca.

El TEPJF ratificó el pasado miércoles que la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, sea inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género (RNPS). No amilanó a los magistrados la amenaza, el desdén e incluso el insulto.
Incurrieron en violencia de género la gobernadora y sus directores de Radio y Televisión y de la Unidad de Comunicación Social, Raúl Sales Heredia y Walther David Patrón Bacab. Así de claro, así de definitivo, así de incontrovertible.

Utilizaron todos los mecanismos y recursos del Gobierno para intentar impunidad, y no la obtuvieron. Los magistrados desecharon la impugnación a la sentencia del juzgador de primera instancia.
No es extraño el silencio de los tres condenados por violencia de género, aunque lamentable es señalar que en la confirmación de la sentencia sólo se advierte la inscripción en el registro nacional y no se les obligará a ofrecer disculpas y publicar el sentido de la decisión del juzgador.
Estarán a la vista durante poco más de cuatro años, hasta el término del sexenio laydista, si el juzgador, al que se solicitó mejor y mayor motivación de su acuerdo, no corrige.

¿Por qué la sanción? Por los comentarios de Sansores San Román contra un grupo de diputadas del PRI en julio de 2022, en su show cómico, folclórico, circense y musical del “Martes del Jaguar”, en que afirmó haber tenido acceso a conversaciones del dirigente del PRI, Rafael Alejandro Moreno Cárdenas.
Expuso que recibió imágenes de carácter íntimo que las legisladoras habrían enviado a “Alito”. No hay manera de saber si eso es cierto. De serlo, no aclaró cómo le llegaron o cómo las obtuvo, aunque no es necesario ser adivino para sostener que mediante el espionaje. Que se recuerde que su fiscal Renato Sales Heredia, hermano del director de Radio y Televisión, ha sido denunciado de haberse robado equipo israelí, cuando desempeñó un puesto federal.

En mayo pasado, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral resolvió que Layda Sansores incurrió en violencia política de género, y le instruyó a ofrecer una disculpa pública en la página oficial del Gobierno de Campeche, publicar durante 30 días la sentencia, y tomar un curso sobre violencia política de género. Estas medidas de reparación, que no acató, quedaron canceladas.
En julio de 2022, las diputadas priístas denunciaron en la Fiscalía General de la República a Layda Sansores por calumnias y violencia ejercida en contra de su dignidad. Es asunto pendiente y probablemente no ha avanzado, por la dependencia del órgano a los dictados absolutos del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Tras lo ocurrido, ¿con qué calidad moral Sansores San Román y Patrón Bacab continuarán promoviendo ante los tribunales locales juicios de daño moral, y solicitando al Instituto Electoral del Estado (IEEC) que impida supuesta violencia de género, obligando a cancelar expresiones de la ciudadanía?
A ver de qué clavo ardiente se agarran jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia para justificar lo injustificable, y qué opinarán ahora los encargados de quejas del IEEC sobre lo peticionable de la gobernadora para atentar contra la libertad de expresión y de prensa e intentar embozalar a periodistas independientes.

¿PLANTA DE AMONÍACO VERDE?

Campeche contará con la primera planta de amoníaco verde del país, informaron el antepasado jueves la Agencia Alemana de Cooperación para el Desarrollo Sustentable (GIZ) y la empresa Mexion Corporation (MexCo). Es una excelente noticia. No hay duda. Falta que sea cierta.

Al proyecto lo han denominado Marengo I, y consiste, nos aclaran, en producirlo para exportar a mercados europeos, utilizando hidrógeno verde. Significaría ingreso de divisas al país y sería generadora de empleos entre los campechanos.
Para alcanzar los objetivos, será construida en Champotón la segunda planta eólica más grande de México y un parque solar para alimentar su funcionamiento. Sería un resorte de desarrollo en esa región, donde los proyectos no han cuajado. Precisamente el Gobierno Federal actual canceló uno muy importante, que tenía que ver con el atraque de barcos de amplio calado.

Cierto, como anotó el embajador de Alemania, Wolfgang Dold, las energías renovables desempeñarán un papel importante en el futuro. A las cuestiones medioambientales deben añadirse las económicas, sociales y geopolíticas. Y Campeche, reconoció, tiene enorme potencial para posicionarse entre los primeros lugares en el desarrollo de plantas de energía solares y eólicas.
Ralph Wegner, de Mexion Corporation, expuso que implementar Marengo I requiere de homologar y armonizar el contexto socioambiental en la región. Equilibrar la sana y próspera convivencia con una planta industrial moderna.

Será necesario apuntalar la conservación y la protección de flora y fauna en la zona de influencia del proyecto, afectada por políticas federales que no contemplan el medio ambiente, no incluyen a la población con sus usos y costumbres y constituyen lunares negativos para la producción tradicional.
Desde el punto de vista científico, impulsar el progreso tecnológico y las economías de escala requiere de las tecnologías del hidrógeno verde, indispensables para la transición energética y de descarbonización, claves para reducir las emisiones contaminantes, que representan el gran reto para combatir el calentamiento global, cuyo reflejo peligroso se observó este año en todo el mundo. Y las previsiones son más graves para los próximos años.

Para valorar su importancia, el amoníaco verde es el segundo compuesto químico obtenido del ácido sulfídrico, que es el que más se produce de todos, y es usado para fabricar medicamentos, productos de limpieza y fertilizantes. Como combustible fomenta el avance hacia la descarbonización, porque sólo genera agua y calor.
Es verde porque se produce sin emisiones de gases de efecto invernadero y sirve para almacenar y transportar energía de centrales renovables. No suelta gases contaminantes, es fácil de almacenar y transportar, su costo de producción es bajo, tiene diferentes usos y es poco inflamable y valioso para generar otras energías.

Es un proyecto interesante que, aunque no se reveló la inversión, se desarrollará con capital alemán. De ahí el deseo de que no sean obstaculizados más adelante esos planes por consideraciones políticas, que no debieran involucrarse en todo lo que significan tecnologías para el progreso, que en este caso impactaría a una importante región, a la que, se insiste, no le han cuajado importantes proyectos del pasado.
Y a todo esto, ¿cuál es la opinión de la gobernadora? Si tomamos en consideración los obstáculos puestos a la mejoría energética y tecnológica, como principio de la cuarta transformación, ¿qué papel jugará?

FARSANTES DE LA DEMOCRACIA EN MORENA

El apotegma latino “Vox populi, vox Dei”, (“La voz del pueblo, es la voz de Dios”), escrito en el pórtico de entrada al recinto de sesiones del Palacio Legislativo y que resume la esencia de la Cámara de Diputados, debió ser el espíritu que guíe sus principales decisiones y la base fundamental para el quehacer de los legisladores, pero en Campeche, bajo la égida de Morena y su falsa 4T, todo se sigue haciendo al revés.

El concepto de democracia (gobierno del pueblo) es violentado cotidianamente por la LXIV Legislatura, que no se abre a la participación de la sociedad. Se cierra —con policías antimotines incluidos—, y se niega a escuchar opiniones y propuestas de la ciudadanía, que exige parlamento abierto, consulta popular y revocación de mandato, bases fundamentales de la llamada democracia participativa, por la que tanto luchó la izquierda en el país, pero que ahora que son gobierno se niegan a implementar. ¿Dónde quedó el Gobierno de Todos?

La Ley de Movilidad y Seguridad Vial, recientemente aprobada en comisiones en el Congreso del Estado, y la confrontación con los diversos grupos de religiosos que defienden la libertad de creencias, son pruebas fehacientes.

Esos hechos bastan para despojar a los representantes populares, autoridades y dirigentes de Morena, del derecho a definirse y postularse como demócratas. Sus acciones demuestran nula disponibilidad de escuchar y trabajar a favor del pueblo, con la mezquina y traicionera intención de beneficiar a grupos oligárquicos, como por ejemplo, el consorcio ADO en el caso de la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, que tanto conflicto político ha generado al partido en el poder.
Por ello, tiene razón el dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, José Segovia Cruz, al referirse a la privatización del transporte público, y acusar a Layda Elena Sansores San Román de ser incongruente, traidora, mentirosa y farsante, pues mientras en sus discursos como representante popular se opuso a esas medidas, y tildó de traidores a quienes supuestamente privatizaron la riqueza energética del país, como gobernadora sigue esa tónica.

Vale la pena recordar su discurso en el Senado en diciembre de 2013, que paradójicamente se le revertiría casi 10 años después: “Ustedes que quieren privatizar y están con este ánimo de los tiempos nuevos, pues vayan, privaticen los sueños, privaticen la ley, privaticen la justicia, pero si quieren realmente que haya una privatización a fondo, vayan y privaticen a la puta madre que les parió, porque al menos esa es suya. Esta patria no les pertenece porque no se la merecen, y no vengan aquí a persignarse que insulto en la tribuna, que insultos, patadas, puñaladas es lo que le están dando a México, no tienen vergüenza…”.

Y no, claro que no tienen vergüenza ni la gobernadora Sansores, ni sus diputados, ni los asesores jurídicos que elaboraron el dictamen de la nueva Ley del Transporte, que debió ser sometida a consulta popular o parlamento abierto, puesto que impactará en la vida de miles de campechanos que a diario requieren de un medio de transporte para llegar a sus casas, centros de trabajo o escuelas, y a quienes se les pretende obligar a someterse a los intereses del grupo empresarial ADO, que en lo que menos piensa es en la economía popular.

Es lamentable lo sucedido en la ruta de San Francisco Kobén, Bethania y Hampolol —que el Instituto Estatal del Transporte cedió ilegalmente al Grupo ADO—, pues incrementó en 80 por ciento las tarifas e impuso condicionantes para abordar las unidades, con horarios arbitrarios. Es un adelanto de lo que pasará al resto de los campechanos, cuando ese monopolio se apodere del transporte público.

De nada servirán los reglamentos que darán fuerza a la nueva Ley de Movilidad y Seguridad Vial, pues su implementación y aplicación estará a cargo de un esbirro del Grupo ADO, Íñigo Yáñez Avilés, quien dirige al Instituto Estatal del Transporte y será el poder tras el trono para manejar a este sector, dar manga ancha al monopolio, y ser rígido e implacable con los concesionarios que puedan seguir dando el servicio en algunas rutas, seguramente las menos redituables.

No en balde Íñigo Yáñez Avilés sacó las garras en los inicios de la semana recién concluida, al implementar operativos para detener taxis con alguna irregularidad en sus documentos o con fallas mecánicas, por insignificantes que fueran. El objetivo es sembrar miedo, presión, tensión, para que los transportistas se arrodillen incondicionalmente y acepten la nueva ley y su reglamento, que por cierto, no pasará por las manos de los legisladores, porque es ahí donde están los intereses y el veneno.

Vale la pena insistir. Son pruebas de que Morena es una cosa en el discurso, y otra muy diferente en el Gobierno. Sus prédicas las distorsionan a la medida de sus intereses y compromisos políticos y pecuniarios, sin que les importe un cacahuate el futuro de más de 15 mil familias que dependen del actual sistema de transporte.

Lo mismo han hecho con los grupos religiosos, a los que pretenden coartarles sus derechos a la libertad de creencias, y a quienes los diputados morenistas no sólo se han negado a escuchar y a atender, sino que enviaron al diputado Héctor Malavé Gamboa a agredirlos, y acusarlos de atentar contra los intereses del Estado, y de ser enemigos de la 4T.

Y bien dicen que el karma es cabrón, porque si bien Malavé pudo burlarse y hasta asustar a las señoras de edad avanzada que acudieron al Congreso a defender sus derechos a la libertad religiosa, el legislador morenista no pudo hacer lo mismo con los taxistas, que le dieron un “estate quieto”, y de un gancho al hígado lo enviaron a la lona.

Y no. No pretendemos defender ni festinar “la agresión a nadie”. Malavé sembró vientos y cosecha tempestades. Lo ocurrido es sólo un anticipó a la brutal golpiza que recibirá su partido en las urnas en los comicios venideros.

El pueblo ha abierto los ojos gracias a los propios morenistas, y ya se sabe cobrar todas y cada una de las afrentas de quienes llegaron y prometieron cambio y terminaron hundiendo al Estado y al país en el retroceso, en donde los pobres siguen siendo más pobres, y los negocios al amparo del poder crecieron y se siguen haciendo a la vista de todos los mexicanos.
Ya les llegará su momento a estos falsos demócratas, que se han convertido en insultante decepción para todos los campechanos, y que ahora dejan a merced del desempleo y de la pobreza a más de 15 mil familias que dependen del sistema de transporte público.

NEPOTISMO Y NEGOCIOS DE LAYDA

Como que a las legisladoras priístas federales empieza a caerles el 20, porque ahora responden de inmediato a acusaciones, presunciones, denuncias y observaciones de la gobernadora Layda Elena Sansores San Román. Y por los cubetazos de agua fría no puede acusarlas de violencia de género. Que va.

Más tardó Sansores San Román en arremeter contra el dirigente nacional priísta Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, que en acusar recibo de la respuesta. La diputada federal tricolor Lorena Piñón Rivera, a través de sus redes sociales la calificó de mitotera, corrupta, hipócrita, ineficiente e incongruente.

Padece incontinencia verbal, continuó, es la peor gobernadora del país, y la acusó de encabezar un Gobierno nepótico y corrupto, con sus familiares haciendo millonarios negocios. Zas. Correazo directo para que aprenda que el respeto al derecho ajeno es la paz. Para que entienda que la discusión debe ser de altura y no de descalificaciones, insultos y sin probanzas, como acostumbra.
Sansores San Román había arremetido duro en contra del líder priísta Rafael Alejandro Moreno Cárdenas, por declarar que el presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional operó las renuncias de priístas encabezados por el senador Miguel Osorio Chong. No hubo argumentos para repeler la crítica y el comentario. Sólo infamias y denostaciones.

Y así le fue. Piñón Rivera repuso que Sansores San Román pasó de ser gobernadora a conductora de programa de chismes. Sólo ‘trabaja’ en los Martes del Jaguar, en que difama, miente y ofende a los que considera sus enemigos políticos o contradicen a su ídolo Andrés Manuel López Obrador.
Más aún, la legisladora federal expresó que Layda Sansores no ha hecho nada relevante, su Gobierno no aporta resultados, no hay obras, ni acciones trascendentales, y por eso los campechanos la reprueban en desempeño, honestidad y la califican como la más corrupta del país.

¿Cómo se atreve a acusar de corrupción, cuando las pruebas de su desempeño corrupto están en la Alcaldía de la Álvaro Obregón? Fue de las peores. Le recordó la escalera eléctrica, donde las acusaciones sobre deshonestidad, irregularidades y abusos están documentadas y en expedientes abiertos en la Fiscalía General de la Ciudad de México —los cuales no han recibido la atención requerida por instrucción y complicidad de Claudia Sheinbaum—.

Ahí está el pago a Gerardo “Seso Loco” Sánchez Sansores, a través de su prestanombre Walther David Patrón Bacab, hoy vocero de Layda y del Gobierno del Estado, por trabajos que no hizo. No niegan la cruz de su parroquia. Muestran el cobre sin vergüenza.
Pero no terminaban de conocerse las palabras de Piñón, cuando arremetía contra Layda Elena la también legisladora federal Cynthia Iliana López Castro. Estimó que han migrado 20 mil campechanos a otros sitios por falta de oportunidades.
La acusó de saquear las finanzas de la entidad y le recordó que es la gobernadora peor evaluada del país, la más reprobada y descalificada por falta de resultados, de acuerdo a mediciones de diversas encuestadoras.

Se queja de violencia de género en instancias electorales y jurisdiccionales, recuerda López Castro, y ha sido fichada como violentadora de mujeres, al ser inscrita en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Por el Gobierno de Layda Elena, reflexiona, no hay creación de empleos, es nulo el crecimiento económico, aumenta la inseguridad, se observa debacle en el sector turístico y la gente se queja por los malos servicios de salud y la falta de medicamentos.

Sansores San Román no ha respondido a las diputadas oriundas de Veracruz y de la Ciudad de México, Piñón Rivera y López Castro. Y la consideración es simple: carece de argumentos y tendría que recurrir al insulto y a la descalificación. Las versiones están apegadas a la verdad y la razón. No hay discusión posible.

EXPEDIENTE es elaborado con aportaciones de periodistas y colaboradores de TRIBUNA. Comentarios, opiniones, quejas, denuncias, elogios, ofensas, agradecimientos y sugerencias al correo electrónico: expedien75@hotmail.com