EXPEDIENTE | CONGRESO EN DESACATO

La decisión sectaria, soberbia y autoritaria de la bancada guinda en el Congreso del Estado, para postergar hasta el 2027, con efectos a partir de 2030, la Ley de Revocación de Mandato, confirma una vez más que fue un error de los votantes mexicanos y campechanos darle mayoría absoluta a Morena tanto en el Congreso de la Unión como en la mayoría de las Legislaturas estatales.

Fue y es un error que pone a los mexicanos a merced de los caprichos y arbitrios de los gobernantes morenistas, y esta traición de los diputados guindas a un verdadero clamor popular: contar con la Ley de Revocación de Mandato de manera inmediata, tal y como lo ordenó el Constituyente Permanente, demuestra que los habitantes de este país vamos a enfrentar por lo menos tres años más de abusos desde el poder.

La respuesta de los diputados de Morena a las marchas de miles y miles de campechanos que exigían y exigen Ley de Revocación de Mandato, fue la traición. Fue blindar a su corrupta, inepta, negligente y arbitraria gobernadora Layda Elena Sansores San Román, para que no se someta al juicio popular en lo que resta de su mandato.

No sólo eso. El diputado Antonio Jiménez Gutiérrez, líder de la bancada morenista en el Congreso del Estado, incurrió en abuso de autoridad, legisló para sí mismo, al impedir, con la postergación de la entrada en vigor de esa norma, que él también sea sometido al escrutinio público mientras se desempeñe como legislador hasta el 2030.

Junto con él tampoco podrán ser juzgados para destituirlos de sus cargos, Maricela Flores Moo, quien repetirá como diputada gracias a que está en la lista plurinominal, así como los morenistas Jorge Pérez Falconi, Dalila Mata Pérez, Abigaíl Gutiérrez y Balbina Hidalgo Zavala, quienes pudieron reelegirse al ganar sus respectivos distritos.

Jiménez Gutiérrez, quien da una muestra más de su sometimiento al poder, y se confirma como servil, arrastrado, corrupto y cómplice, ya fue de hecho, juzgado por su pueblo. Perdió la reelección a la que aspiraba por el voto directo de los ciudadanos, con lo que se demuestra que su desempeño fue reprobado por sus votantes, en su distrito no lo quieren como diputado, y si se sometiese a la Revocación de Mandato en el 2028 (un año y medio después de que asumiera el cargo, es decir, a la mitad de su periodo) seguramente que lo van a echar a patadas de su curul. Por eso su interés en que la Ley no entre en vigor en 2027, sino hasta el 2030. ¿Es o no abuso de autoridad?

Vale la pena insistir: esto que está ocurriendo en Campeche, con una bancada morenista que legisla en contra de los reclamos de un pueblo, y que se blinda a sí mismo para no someterse al juicio popular, es una muestra elocuente de lo que se espera para todo el país con el dichoso “plan C” que impulsan desde la Presidenta electa Claudia Sheinbaum, hasta el último de los diputados y senadores morenistas.

El “plan C” es tener el control de los Poderes de la República, y gobernar sin contrapesos, sin controles y sin frenos. No para beneficiar al pueblo mexicano —nótese que aquí se traicionó sin pudor, rubor, ni vergüenza, a los campechanos— sino para que puedan hacer y deshacer a su antojo, y claro, conducir a este país rumbo al autoritarismo, lo que pudiera traer como consecuencia la pérdida de nuestros derechos civiles.

No es una exageración, ni pronóstico a futuro. Es algo que ya está ocurriendo por ejemplo, en Campeche, en donde la gobernadora Layda Sansores tiene sometidos al resto de los poderes. Tanto el Judicial como el Legislativo obedecen sus caprichos, y gracias a ello ha podido anular o mantener amarrados a sus principales adversarios políticos.

Afortunadamente aún nos queda la independencia del Poder Judicial de la Federación que se encuentra bajo el acoso permanente del presidente López Obrador y que se ha convertido en la obsesión de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo.

El Poder Judicial de la Federación es el último reducto del Estado de Derecho de este país, y aún podremos los campechanos recurrir a esa instancia para impugnar el acuerdo de la bancada morenista en lo referente a la Ley de Revocación de Mandato.

Es también una instancia que debemos defender los mexicanos y los campechanos, ante la embestida gubernamental que arreciará a partir del 1 de octubre próximo.

Ya vimos las consecuencias del error de haberle dado a Morena la mayoría absoluta en el Congreso de la Unión. No debemos exponernos a padecer los abusos de gobiernos arbitrarios y autoritarios como el que aspira a tener Morena, una vez que el Poder Judicial quede en sus manos.