Lamentable que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) muestre debilidad ante la persistente violación a mandatos judiciales de la gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, que reiteradamente ha caído en desacato, lo que indica que tiene protección y seguirá sin respetar la ley, afirmó el presidente del Grupo Resurgimiento, José Adán Castillo Dzib.
La situación federal —explicó—, llámese amparo o revisión, como es debido dentro del marco de la legalidad y del derecho, deben proceder. Se deben imponer las medidas disciplinarias que se dictan y sancionar cuando sea necesario.
La gobernadora Layda Elena Sansores San Román al parecer goza de protección y puede hacer lo que quiera. Todo indica que está bien, y así seguirá hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o los juzgados que llevan los procedimientos en su contra, dictaminen el procedimiento adecuado y la ejecuten, sentenció.
Castillo Dzib opinó en referencia a que el pasado noviembre de 2022, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a Sansores San Román disculparse públicamente con diputadas del PRI, al haber asegurado que habían llegado a sus puestos políticos por haberle enviado fotografías íntimas a Alejandro Moreno, presidente del PRI, y en respuesta acusó al Tribunal de actuar de manera ilegal.
Lamentó que en tanto el Poder Judicial de la Federación no se pronuncie y no haga nada, ella es libre de seguir faltando a la ley, “porque hasta ahora no la amonestan y sin duda muchas cosas hay de por medio”.
La lectura es que ella estaría actuando y trabajando bien. Mientras el Poder Judicial esté dormido y no tenga esa calidad para ejercitar una acción en su contra, seguirá siendo inocente, así lo señala la ley. Si las personas que son agraviadas no interponen los recursos legales, Layda Sansores no puede ser culpable de nada, advirtió.
De los desacatos que ha cometido de manera perseverante la gobernadora de Campeche, sostuvo que el Poder Judicial de la Federación es el órgano que debe someterla, no la sociedad, porque esa instancia tiene facultades para detenerla, someterla a cualquier juicio que considere pertinente y ejecutar sanciones, porque la ley señala “ejecútese, hágase y cúmplase”.
El Poder Judicial en este caso “muestra debilidad, lo que quiere decir que la señora (gobernadora) está bien en sus apreciaciones, goza de protección y puede hacer lo que quiera”. Esta situación es extremadamente lamentable, porque nadie está por encima de la ley.
Sentenció que Layda Sansores con su actuar manda un mensaje de impunidad y de irrespeto a la ley. Sin embargo, la gente ya la conoce, sabe cómo trabaja y no le hace caso a sus mentiras. A cualquier persona que le preguntes te dirá que Layda no ha hecho nada y es mentirosa.
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