No es novedoso el que un Tribunal Electoral pida al Congreso del Estado sancionar a un gobernador, alcalde o persona, pues incluso hasta la propia Sala Superior ha dado vista a los congresos para que determinen lo que corresponde, y en todo caso identificadas las infracciones, para que los diputados determinen la consecuencia, afirmó el presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), Javier Ac Ordóñez.
En coincidencia con el diputado Ricardo Medina Farfán, recalcó en que, en base a las leyes vigentes, el Congreso del Estado tendrá que sancionar a los alcaldes de Carmen y Campeche por incurrir en violaciones a las normas electorales, y se dijo respetuoso de lo que cada autoridad determine.
Recordó que en los casos de dichas autoridades municipales, y ante una línea jurisprudencial sólida, se tomó en consideración “que la asistencia de estos servidores públicos en día hábil (a eventos electorales) se equipara al uso de recursos públicos”.
Aclaró que “no se condiciona el derecho de asociación o de participación política, dado que los servidores públicos de este nivel podrían realizar sus actividades proselitistas, sobre todo que se trata de candidatos otrora, en donde estaban postulados también por vía de reelección, pero podrían realizarlo en días inhábiles”.
Debemos también tomar en cuenta –expuso–, que la propia normatividad electoral, no por capricho ni por una cuestión propia de este Tribunal, resuelve como ya fue dado a conocer.
Insistió que, ante la inexistencia de una superioridad de los servidores públicos en activo, la propia legislación determinó, tanto a nivel federal y local, que este Tribunal carece de competencias para sancionar ante la evidencia de una infracción.
Lo que el TEEC hizo fue identificar que hubo infracción, y para la sanción en todo caso, al no tener superioridad, debemos de tomar en consideración que se turnan los dos asuntos al Congreso del Estado, para que ahí, en el uso de sus facultades, atribuciones y competencias, determine lo que en derecho corresponde.
“Nosotros ya resolvimos, ahora corresponde al Congreso del Estado y a sus integrantes determinar lo que en derecho corresponda respecto a la fijación”.
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