Fuereño y presunto delincuente en Carmen

A inicios del año, la activista Cleotilde Herrera Díaz, presidenta de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, acusó a la gobernadora Layda Elena Sansores San Román de fallarle a los carmelitas, al nombrar a Víctor Hugo Lara Arias como director del Cereso, porque fue acusado de corrupción y de proteger a la célula delictiva de Los Zetas en el penal de Pachuca, Hidalgo.

En enero de 2020 Lara Arias fue denunciado por internos del Cereso de Pachuca, Hidalgo, de ordenar como jefe de galeras a integrantes de la célula delictiva Los Zetas, obligarlos a pagar por espacios en las celdas, para no hacer trabajos forzados.

También lo acusaron de permitir la venta de celdas hasta en 50 mil pesos, lo que orilló al entonces gobernador priísta Omar Fayad Meneses a iniciar una investigación en su contra ante las denuncias por extorsiones y otros abusos contra los internos.

Cleotilde Herrera lamentó que la gobernadora Layda Sansores siga dando chamba en charola de plata a fuereños, a quienes en otros Estados han hecho de las suyas, y no se les brinden oportunidades a los campechanos. 

EXTORSIONADORES 

En septiembre pasado, en carta anónima enviada a esta redacción por familiares de personas privadas de su libertad en el penal del Carmen, acusaron al director Víctor Lara Arias, junto con al menos seis custodios, de conformar una red de extorsionadores dentro de ese reclusorio.

Con la queja dirigida hacia Natasha María Bidault, subsecretaria del Sistema Penitenciario, los reos manifestaron que los custodios Armando “N”, Javier “N”,  Carlos “N”, Miguel “N”, Manuel “N” y Daniel ”N”, introducen artículos prohibidos y extorsionan.

Aunque está prohibido el acceso de teléfonos móviles, los internos denunciaron que el responsable del Cereso, y el grupo de custodios permiten su uso con el pago de una cuota mensual de 500 pesos para hacerse de la vista gorda.

Acusaron que tanto el director como los custodios señalados, dejan pasar alcohol, drogas y otras sustancias para algunos internos, con la intención de venderlos a otros. Luego los custodios pasan a extorsionarlos, amenazando que deben pagar o de lo contrario les decomisan “su venta”, aunque algunos dormitorios tienen beneficios.

Igual aseguraron la existencia de un laboratorio para elaborar diferentes tipos de sustancias tóxicas, con el conocimiento del director, ya que ellos mismos bajan los sacos de azúcar para preparar “el tepache”. Por eso pidieron establecer lineamientos claros, y que se investiguen las denuncias, porque se violentan los derechos humanos de los reclusos.