Jueza no es el problema | Presidente, es la solución

José Carreño Carlón

¿Dejar correr el fuego? En plena efervescencia preelectoral, el Presidente enfrenta un dilema. Por un lado, puede dejar correr el fuego provocado por un foco de advenedizos exaltados, improvisados, extraños al quehacer educativo, adueñados de la SEP gracias a las complacencias de Palacio. Metidos a hacer libros de texto sin idea de las necesidades y realidades de las escuelas ni de la tarea editorial, era previsible el desastre.
Los terminaron haciendo en la clandestinidad, sin programas en los cuales sustentar los libros escolares, como lo ordena la Constitución. De allí el acervo de ocurrencias tomadas de aquí y de allá, sin relación con las guías de enseñanza. Y por si algo faltara en la configuración de este quebranto educativo, editorial y presupuestal, los recién llegados se lanzaron no sólo a hacer los libros sin programas, sino sin consultar con los gobiernos de los Estados, una cuarta parte de los cuales se niega a distribuir los libros, en acatamiento de resoluciones judiciales que suspendieron la entrega de tales volúmenes.
El cauce legal, la salida. Por otro lado, está el incorporarse al cauce legal que le ofrece al Presidente la jueza tercera de Distrito en Materia Administrativa, Yadira Medina, en el amparo concedido a una de las diversas organizaciones civiles que mantienen la resistencia a la circulación de millones de libros inservibles para la enseñanza.
Altamente controversiales por la cantidad de disparates y sesgos antipedagógicos de su contenido, sus parrafadas de manual del militante formuladas en códigos de secta resultan indescifrables para alumnos y profesores. Hay una variable de esas dos opciones: impugnar el amparo concedido con un recurso de revisión que llevaría el caso a un tribunal colegiado y probablemente a la Suprema Corte.
El efecto sería prolongar el proceso. Esto, ciertamente, le permitiría a la autoridad continuar con la distribución de los libros, pero también prolongaría el descontento y la descomposición del clima político y social durante el proceso electoral.
Ignorar a la jueza: ¿por desprecio o por dejar una puerta abierta? El Presidente ha sometido a fuego graneado al ministro Luis María Aguilar por darles entrada a las controversias constitucionales de Chihuahua y Coahuila y dictar la suspensión en esos Estados de la distribución de los libros. Pero hasta ahora no ha dicho palabra respecto de las resoluciones de la jueza Medina. Sea esto por menosprecio a la jurista, a la ley y al Poder Judicial, o por dejar abierto un espacio para un cambio de ruta, lo cierto es que la jueza Medina ya trazó una ruta de escape de los riesgos de un conflicto mayor, detonado por la inconformidad nacida de los nuevos libros.
La fórmula Medina. La jueza dejó sin efecto el decretazo con el que se quiso legitimar la ausencia de programas previos a los libros, como lo marca la ley. Apenas el pasado 15 de este mes, con los libros ya impresos, la SEP publicó unos programas con la pretensión de dejar sin materia los amparos. Ello equivaldría a que el Congreso hubiera pretendido, ya con el inconstitucional plan B electoral promulgado, reponer los debates que violatoriamente impidió, con la idea de que la Corte revalidara las reformas que declaró inconstitucionales.
La jueza Medina traza otra ruta. Desde luego, deja sin efecto el decretazo de los programas extemporáneos y ordena aplicar los programas y usar los mismos libros del año pasado. Ordena también que se realicen las consultas constitucionales omitidas. Y, claro, los nuevos programas y los nuevos libros, confeccionados ahora sí en consulta con los gobiernos estatales y otros involucrados, se aplicarían y usarían en el ciclo escolar 2024-25. Contra lo que suele expresar el Presidente, los jueces no son el problema y pueden ser la solución.