Tras la polémica por el ingreso ilegal de Arturo Bravo Muñoz, vicefiscal, y Andrea Sadek a la zona de Calakmul, en horarios no permitidos, el fiscal general del estado, Jackson Villacís, aseguró que no se ha determinado ninguna falta por parte de los implicados y que es la instancia federal la responsable de esclarecer la situación, lo hace cuestionar su imparcialidad y compromiso con la ley.
Villacís justificó las acciones del hijo de la secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, y de la hija de Vania Keleher, titular del Instituto de la Mujer, al afirmar que, si adquirieron boletos y se les permitió el ingreso, no habría infracción. Sin embargo, esta postura solo demuestra que no hay interés por adoptar una posición más firme ante lo que es claramente una violación de las normativas establecidas. Al insistir en que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) debe decidir sobre la legalidad del ingreso, Villacís parece eludir su responsabilidad de actuar frente a un asunto que compromete la integridad de su oficina, lo que genera preocupación sobre su capacidad para mantener la justicia y la rendición de cuentas en el estado.
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